Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, salió a explicar los detalles de una iniciativa que busca detener el proceso de asamblea constituyente impulsado por el Gobierno. A través de un comité promotor ya inscrito en la Registraduría, están recolectando firmas para convocar a un referendo que le preguntaría a los colombianos si desean proteger la Constitución de 1991.

"La Constitución de 1991 es el acuerdo más grande que ha hecho Colombia consigo misma y hoy está en riesgo. Proponer una asamblea constituyente en este momento no es reformar a Colombia, sino fracturarla", señaló Bonilla en una entrevista con El Colombiano. El referendo que proponen tiene un alcance limitado en el tiempo: buscaría blindar la Carta Magna contra nuevas asambleas constituyentes hasta el 6 de agosto de 2034, es decir, por ocho años.

El proceso es ambicioso. Necesitan recopilar más de dos millones de firmas en los próximos seis meses. Una vez validadas, el Congreso deberá pronunciarse, la Corte Constitucional revisará el proceso, y finalmente irá a votación nacional. Para que el referendo prospere, se requiere la participación de más de diez millones de colombianos y que gane el "sí".

Bonilla defiende la Constitución de 1991 no como un documento perfecto, sino como el mejor marco disponible para hacer reformas sin desmantelar los contrapesos democráticos. Recuerda que fue producto del consenso entre liberales, conservadores y la Alianza Democrática M-19. "Esto no quiere decir que el país no necesite reformas. Sí las necesita, pero pueden hacerse dentro del marco de la Constitución", subraya.

La candidata a la vicepresidencia enumera cuatro riesgos de una asamblea constituyente convocada en las actuales circunstancias. Primero, que sería sin consensos y convocada por decreto presidencial, lo que la haría vulnerable a ser "capturada" por quien la convoca. Segundo, el aislamiento internacional, especialmente si se concretan propuestas como las del candidato Abelardo de la Espriella de salir de la ONU. Tercero, y el que más la preocupa, un retroceso en derechos como la igualdad de la mujer, la diversidad familiar, la protección de minorías étnicas y la libertad religiosa. Cuarto, la inseguridad jurídica que generaría y sus efectos en la economía: "Cada vez que se habla de reemplazar la Constitución, los mercados reaccionan, la inversión se frena y el empleo se contrae".

Bonilla también critica la gestión de Gustavo Petro. Considera que ha "convertido el ejercicio de gobierno en el de un candidato presidencial, y no en el de un jefe de Estado". Cuestiona la narrativa presidencial de que las reformas no pudieron avanzar por falta de apoyo legislativo, y pone como ejemplo la confrontación reciente con el Banco de la República. "Hubo una discusión técnica, el Gobierno perdió y un ministro de Hacienda se levantó de la mesa", comenta. Para Bonilla, las reformas son posibles dentro de la Constitución vigente, "siempre que haya un Gobierno serio, responsable y respetuoso del arbitrio ciudadano".