La justicia boliviana intensifica la presión contra Evo Morales. Un tribunal del país ratificó su condición de rebelde y emitió nuevas órdenes de captura después de que el expresidente no se presentara al inicio del juicio en su contra por presunto delito de trata agravada de personas. La Policía Nacional recibió la responsabilidad de ejecutar el arresto, mientras Morales alerta sobre lo que describe como una persecución judicial orquestada desde el gobierno actual.

El caso judicial tiene raíces desde octubre de 2024, cuando la Fiscalía comenzó a investigar a Morales bajo la acusación de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial, lo que habría resultado en un embarazo. En enero de 2025, fue declarado en rebeldía al no asistir a una audiencia de prisión preventiva. Esta semana, cuando nuevamente no se presentó al inicio del juicio, el Poder Judicial confirmó su estatus rebelde. El fiscal Tariq Gutiérrez aclaró que la competencia de captura ahora recae únicamente en la Policía Nacional.

Morales se encuentra actualmente en el Chapare, la región cocalera que ha sido su fortaleza política histórica. Allí permanece custodiado por miles de campesinos que montan guardia permanente para evitar que las autoridades lo capturen. Su equipo legal, encabezado por el abogado Wilfredo Chávez, argumentó que el exmandatario y sus defensores no fueron notificados formalmente sobre la audiencia, lo que justificaría su inasistencia.

El expresidente ha rechazado categóricamente los cargos y manifestó: "No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político". Con esta declaración busca mantener su postura de inocencia y cuestionar la imparcialidad del proceso.

Paralelamente, Morales escaló su denuncia al plano internacional. A través de redes sociales, criticó duramente al gobierno de Rodrigo Paz por el nombramiento del General Rodolfo Montero Torrico como Viceministro de Seguridad Ciudadana. Morales recordó que Montero fue comandante de la policía durante los hechos de Sacaba y Senkata en 2019, hechos que dejaron 22 muertos y 200 heridos durante el régimen de Jeanine Áñez. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH-OEA clasificó esos sucesos como masacres y ejecuciones extrajudiciales en un informe de julio de 2021, identificando a Montero como uno de los responsables.

Con esta denuncia internacional, Morales busca alertar a la comunidad internacional sobre lo que describe como un plan de represión contra protestas populares. El expresidente ha recurrido a la CIDH pidiendo protección y denuncia que el nombramiento de Montero tiene el objetivo de "ejecutar operativos de represión al pueblo boliviano que está protestando en las calles y caminos contra el gobierno autoritario". La situación refleja la profunda polarización política que vive Bolivia y la batalla que libra Morales tanto en tribunales como en el escenario internacional.