Bolívar enfrenta una crisis climática que ya no puede esperar. La gobernación declaró calamidad pública en el departamento ante la gravedad de los daños provocados por lluvias intensas, erosión y frentes fríos que han golpeado duramente al menos 15 municipios. La decisión fue unánime en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, y su objetivo es claro: desbloquear recursos y acciones de atención inmediata para las comunidades más vulnerables.

El gobernador Yamil Arana enfatizó que la calamidad pública permitirá implementar "acciones contundentes de protección social, recuperación y atención integral en los municipios más vulnerables y garantizar una respuesta más efectiva frente a la emergencia climática que se vive en la región". Esta declaratoria responde a la necesidad urgente de fortalecer la respuesta institucional ante un clima cada vez más variable que pone en riesgo no solo viviendas y poblaciones, sino también la infraestructura productiva y las vías de comunicación.

Los números que deja esta crisis son preocupantes. En 2025 se contabilizaron más de 4.000 familias afectadas, lo que representa cerca de 9.743 personas que sufrieron daños por inundaciones y eventos climáticos asociados. Municipios como San Jacinto del Cauca, Pinillos, María La Baja, Turbaco, Cartagena y Santa Catalina lideran la lista de territorios más golpeados. El balance en vivienda es desgarrador: más de 2.400 hogares reportados como afectados, con más de 130 construcciones completamente destruidas y decenas de casas que ya no son habitables.

La declaratoria de calamidad pública abre la puerta a mecanismos que de otra forma estarían cerrados. Facilita la movilización de fondos extraordinarios, habilita obras de control de inundaciones, estabilización de suelos erosionados y apoyo a sectores productivos que han sufrido pérdidas. También permite fortalecer los sistemas de alerta temprana, algo vital en un departamento donde la variabilidad meteorológica ha incrementado la frecuencia de eventos extremos.

Pero lo inmediato es solo el primer paso. El gobernador se ha comprometido a que tanto entidades nacionales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres participen activamente. Se espera coordinación con ministerios clave, colaboración del sector privado y apoyo de organizaciones no gubernamentales para garantizar un respaldo humanitario integral: asistencia en vivienda, alimentación y atención en salud.

Lo que está en juego va más allá de esta temporada de lluvias. Bolívar necesita soluciones estructurales: inversión robusta en infraestructura de mitigación, educación comunitaria en gestión del riesgo y planes territoriales de adaptación al cambio climático. La variabilidad que combina lluvias torrenciales con amenazas de sequía exige políticas públicas que trasciendan la atención de emergencias puntuales. Sin estos cambios, los próximos años seguirán trayendo más de lo mismo a esta región del Caribe colombiano que merece mejor futuro.