Bogotá tiene un nuevo escudo tecnológico contra la criminalidad sexual infantil. El viernes 6 de marzo, el Concejo aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, que formalizará el uso de inteligencia artificial para combatir el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. La iniciativa, impulsada por la bancada del Partido Mira, marca un giro radical en cómo la capital protege a sus menores: pasar de ser reactiva a ser preventiva.

Los números son contundentes y preocupantes. En 2025 se registraron 2.496 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en menores en Bogotá, según datos de Medicina Legal. Esta cifra superó ampliamente la de las demás ciudades principales del país, lo que refleja la magnitud del problema que enfrenta la capital.

El corazón del acuerdo está en algo que suena técnico pero tiene un propósito profundamente humano: análisis avanzado de datos. La IA procesará información de observatorios y sistemas locales existentes para mapear dónde están los mayores riesgos en barrios específicos. De esta manera, las autoridades podrán identificar peligros antes de que los delitos ocurran, tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. El concejal Samir Bedoya Piraquive lo explicó con claridad: "Esto significa pasar de la reacción a la anticipación. Significa salvar vidas antes de que el daño ocurra en los menores".

Ahora bien, todo esto viene con candados importantes. El proyecto no es un cheque en blanco para vigilancia sin límites. Incorpora un blindaje normativo estricto que exige que cualquier uso de IA respete principios rigurosos de gobernanza de datos y derechos humanos. El objetivo es que la tecnología se use exclusivamente para proteger a los menores, sin abrir la puerta a abusos con información sensible. El concejal Fabián Puentes, también de la bancada proponente, lo sintetizó así: "La inteligencia artificial, usada con ética, gobernanza y control, puede convertirse en una aliada poderosa en la protección de quienes más lo necesitan".

La implementación estará en manos de la Alta Consejería Distrital de TIC y se hará de manera progresiva, aprovechando la capacidad tecnológica e institucional que Bogotá ya posee. Lo que hace esta propuesta especialmente viable es que no requerirá dinero adicional del presupuesto distrital: se ejecutará optimizando los recursos existentes. Con esta decisión, la ciudad busca cumplir con el mandato constitucional de proteger los derechos de la infancia, especialmente frente a las redes de explotación que operan en plataformas digitales y entornos sociales donde los depredadores actúan con impunidad.