En los últimos meses, Bogotá ha puesto punto de mira en una práctica cada vez más común: negocios que operan como establecimientos nocturnos pero se registran legalmente como clubes privados o sindicatos para evadir controles. La Secretaría Distrital de Gobierno, trabajando junto con las alcaldías locales y la Policía, ha intensificado los operativos para frenar este esquema que burlaba requisitos básicos como el uso del suelo, los horarios permitidos y el pago de derechos de autor.

Lo que preocupa a las autoridades es que muchos de estos lugares operan como bares y discotecas de acceso público, pero se amparan en figuras legales para escapar del control. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, fue directo al respecto: "No permitiremos que figuras legales, como el derecho de asociación, se utilicen para burlar la norma. Si un establecimiento vende licor, cobra entrada y genera impacto auditivo, es un bar y debe cumplir la Ley 1801 de 2016". El mensaje es claro: no importa cómo se llame el negocio, si actúa como bar, debe comportarse como tal.

El balance del Distrito habla por sí solo. Durante lo corrido del año se han realizado más de 2.400 operativos en diferentes puntos de la capital. Los equipos de Inspección, Vigilancia y Control, conformados por profesionales jurídicos y técnicos, han trabajado tanto de día como de noche para identificar estos establecimientos irregulares. Lo que encontraron en varios casos no era nada tranquilizador: centros que operaban sin salidas de emergencia adecuadas, sin sistemas contra incendios y con deficiencias graves de seguridad. Eso ha llevado a suspensiones temporales y definitivas de actividades.

Las zonas afectadas han sido principalmente Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe, donde los reportes de ruido excesivo y conflictos relacionados con estos lugares generaban malestar en la convivencia de los barrios. Aunque las autoridades aclaran que no se trata de perseguir la actividad económica, el Distrito apunta que estos negocios irregulares generan competencia desleal contra quienes sí cumplen los requisitos y ponen en riesgo a la gente que los visita.

La administración ha confirmado que los operativos continuarán de manera permanente. Al mismo tiempo hizo un llamado a los propietarios de estos establecimientos para que se ajusten a la ley. Para los ciudadanos que sospechen de algún negocio que afecte la convivencia o funcione fuera de la norma, el Distrito abrió la puerta para denunciar: la Línea de Emergencias 123 es el canal disponible para reportar estas irregularidades.