La situación es grave y Bogotá necesita poner los ojos en un problema que está cobrando vidas. Una denuncia presentada desde el Concejo de la capital sacó a la luz datos perturbadores sobre los centros que realizan procedimientos estéticos en la ciudad: entre 2024 y 2026 habrían muerto 13 personas y 174 más habrían sufrido lesiones serias por culpa de complicaciones ligadas a estos tratamientos. Lo más preocupante es que estas cifras probablemente sean incompletas, porque muchos casos no se reportan oficialmente.

Detrás de estos números hay un problema estructural. La concejal Rocío Dussán Pérez advierte que todo el sistema de vigilancia está fallando. Se identificaron 686 establecimientos funcionando sin los permisos sanitarios que exige la ley, hubo 494 quejas de ciudadanos, pero solo tres sanciones en firme. Mientras tanto, hay 113 procesos administrativos estancados. El cuello de botella es claro: Bogotá apenas tiene 31 funcionarios para inspeccionar una cantidad masiva de lugares que operan en la ciudad, muchos de ellos escondidos bajo nombres de otros negocios para no ser detectados.

Las complicaciones médicas que reporta el documento son las que más duelen. Se contabilizan 82 embolias, 77 hemorragias, 294 hospitalizaciones y decenas de casos de infecciones severas, necrosis y sepsis que requirieron atención urgente. Son personas que llegaron a buscar un procedimiento estético y terminaron en salas de urgencias o, en el peor de los casos, no lo contaron.

La concejal fue contundente con su llamado de atención. "Lo que revela este documento es inaceptable, Bogotá no puede seguir enterrando mujeres en nombre de la vanidad institucional, aquí no falló una sola entidad falló todo el sistema y mientras las autoridades se reparten responsabilidades en papel, las ciudadanas siguen entrando a lugares sin control, sin permiso y sin ninguna garantía de salir con vida, necesitamos acción antes de que haya otra Yulitxa", expresó Dussán Pérez desde el Concejo de Bogotá.

Lo que pide la cabildante es sensato: reforzar operativos, aumentar personal de inspección y, algo fundamental, crear mecanismos para que cualquier bogotano pueda verificar antes de entrar a un lugar si realmente tiene habilitación sanitaria. Mientras eso no suceda, los ciudadanos seguirán tomando riesgos innecesarios en establecimientos que operan a la sombra del incumplimiento.