A pocas jornadas de los comicios legislativos y presidenciales, Bogotá enfrenta una amenaza que va más allá de los programas políticos: la presión criminal sobre el proceso electoral. La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, encendió las alarmas sobre el riesgo de que estructuras criminales coaccionen a votantes en zonas estratégicas de la capital. El panorama es preocupante especialmente en Santa Fe y Los Mártires, donde la violencia organizada tensa el ambiente previo a las urnas.

El problema tiene cara y nombre: el Tren de Aragua y el Clan del Golfo se disputan el control de estas dos localidades del centro de Bogotá, y la pelea es de verdad. No se trata solo de dinero o rutas de narcotráfico, sino de poder territorial expresado con violencia. Según Iris Marín, "Especialmente en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, donde existe una disputa territorial entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que está relacionada con el uso, por ejemplo, de artefactos explosivos, también todo el tema de extorsión, extracción en negocios locales, y han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas dentro de estas localidades". Las fachadas marcadas son señales de dominación: mensajes que dicen "aquí mandamos nosotros" y generan terror entre quienes viven y trabajan en esas cuadras.

Estas tácticas de intimidación tienen consecuencias directas sobre el derecho fundamental al voto. Cuando un comerciante es extorsionado o un líder comunitario recibe amenazas, cuando se pintan símbolos de poder en las paredes, los votantes sienten la presión. No necesariamente es una orden explícita de votar por alguien, pero es una forma de control que limita la libertad. La Defensoría advierte que "afectando el libre ejercicio del derecho al sufragio" es lo que está en juego, con campañas políticas también bajo fuego y con candidatos de sectores alternativos siendo intimidados.

Preguntada sobre otros grupos armados que operan en Bogotá, Iris Marín fue clara: por ahora, la incidencia electoral directa corresponde únicamente a estos dos actores. Pero el contexto es más complejo. Reconoció que "Hay unas alertas vigentes en Bogotá que muestran que el corredor, sobre todo el oriente de Bogotá, es un corredor de paso de la mayoría o de todos los grupos armados, porque es una zona de paso entre diferentes regiones del país". En otras palabras, aunque otros grupos armados transitan la ciudad, Santa Fe y Los Mártires son los focos candentes del momento electoral.

Las autoridades saben que reforzar la seguridad institucional es urgente. Se necesita presencia estatal visible en esas zonas, protección para candidatos y testigos electorales, y vigilancia constante. Pero también está claro que la Defensoría no basta sola. El llamado que hizo la funcionaria es directo a la ciudadanía: "El llamado de la Defensoría es a fortalecer las medidas de prevención y a que la ciudadanía denuncie cualquier intento de intimidación que ponga en riesgo la transparencia del proceso democrático en la capital".

En una democracia, que criminales decidan quién vota o cómo vota es una afrenta. En Bogotá, mientras se ultiman los preparativos para que millones de bogotanos acudan a las urnas, hay quienes apuntan a que eso no ocurra con libertad en todas partes. Esa es la batalla que libra la ciudad en estos días.