La Alcaldía de Bogotá salió a defender el Decreto 117 de 2026, una normativa que ha encendido la polémica al endurecer las restricciones contra las ventas informales en las calles de la capital. Según la administración distrital, la medida no busca eliminar el comercio ambulante, sino reorganizarlo bajo estándares que protejan la salubridad y la seguridad de quienes viven y transitan en la ciudad.

La regulación toca varios puntos sensibles. Prohíbe el uso de cilindros de gas en la vía pública, restringe la venta de alimentos sin condiciones adecuadas y pone límites a servicios informales como peluquería, tatuajes e incluso procedimientos odontológicos realizados en la calle. Para la Alcaldía, se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho al trabajo y la protección de la salud ciudadana.

Lucía Bastidas, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), fue clara en uno de los puntos más delicados: la restricción a las pipetas de gas que usan los vendedores de alimentos callejeros. "La manipulación inadecuada puede generar emergencias", señaló, anunciando que se habilitarán zonas especiales con esquemas organizados, como espacios tipo 'food trucks', que cumplan con normas sanitarias.

El riesgo de accidentes no es el único argumento. La administración también insiste en que preparar comida en espacios no controlados expone a la población a problemas de salud pública. Por eso el decreto busca establecer estándares mínimos en estas actividades. Bastidas también fue enfática con los servicios que considera riesgosos: "Estas prácticas deben cumplir condiciones estrictas", advirtió sobre procedimientos odontológicos y estéticos en vía pública, que pueden dejar a las personas expuestas a infecciones.

Otro propósito del decreto es recuperar el espacio público que, según el Distrito, ha sido ocupado por estructuras ilegales en algunos sectores. La administración busca diferenciar entre vendedores en situación de vulnerabilidad y aquellos que operan dentro de esquemas más organizados, incluso vinculados a redes que dominan zonas específicas. Como alternativa, se contemplan rutas autorizadas, espacios regulados y áreas bajo puentes designadas para el comercio informal, buscando que no solo se garantice la movilidad de los peatones, sino también la continuidad de estas actividades económicas.

A pesar de los argumentos del Distrito, la medida ha generado inconformidad. Vendedores informales han protagonizado protestas por temor a perder sus ingresos. Frente a esto, la Alcaldía ha reiterado que los operativos respetarán el debido proceso y buscarán soluciones concertadas. Además, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), se ofrecerán programas de capacitación, formalización y reubicación para quienes dependen del comercio callejero.