En Bogotá se activó el Código Blanco, el protocolo de emergencia que protege a menores en riesgo, para atender a tres hermanos de 15, 7 y 4 años que están en el centro de una investigación por un presunto caso de abuso sexual. El caso involucra a un ciudadano estadounidense y ha puesto en marcha todos los mecanismos que el sistema de salud tiene disponibles para estos casos delicados.

Los tres menores fueron llevados a un centro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, donde comenzaron a recibir una atención completa y especializada. No se trata solo de una revisión médica: el protocolo incluye evaluaciones psicológicas, procedimientos forenses y todo lo necesario para documentar lo que ha ocurrido mientras se cuida el bienestar emocional de los niños. El traslado se coordinó con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y contó con acompañamiento de personal de salud mental desde el primer momento.

Lo que pasó después fue la conformación de un equipo completo de especialistas. Pediatras, psiquiatras y trabajadores sociales se unieron para evaluar el estado físico y emocional de los hermanos. También se prepararon espacios especiales donde se realizaron las entrevistas forenses que requieren las autoridades judicales, siempre cuidando que la experiencia no traumatizara aún más a los niños.

Durante todo el proceso estuvieron presentes representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación. Esto garantiza que cada paso se dé con vigilancia de múltiples instituciones enfocadas en la protección integral de los menores.

Los resultados de las valoraciones se entregaron a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y al ICBF para que continúen con las investigaciones. Las autoridades han dejado claro que toda la información permanecerá bajo reserva estricta y que los procedimientos se realizaron bajo criterios rigurosos de confidencialidad, precisamente para evitar que los menores sean revictimizados, es decir, que sufran nuevamente al tener que recordar lo ocurrido.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el ICBF seguirá evaluando qué medidas son necesarias para restablecer y proteger los derechos de los tres hermanos en el tiempo que viene.