Con apenas un mes para tomar posesión, Abelardo De la Espriella ya tiene sobre la mesa uno de sus planes más polémicos: crear bloques de seguridad en las grandes ciudades del país. El futuro presidente anunció a través de redes sociales que "el 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana" e inmediatamente convocó a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. La idea es que estos mandatarios locales participen en medidas de seguridad diseñadas específicamente para sus territorios, buscando una respuesta coordinada contra la inseguridad que mantiene a los ciudadanos en zozobra día tras día.

El anuncio no pasó desapercibido. Críticos de izquierda lo compararon de inmediato con las Convivir, aquellas cooperativas de vigilancia que el gobierno Samper creó en 1994 para apoyar la Fuerza Pública. Aunque fue durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia (1995-1997) cuando ganaron notoriedad, finalmente la Corte Constitucional ordenó su desmantelamiento. Lo que sus detractores denuncian es que algunas Convivir terminaron siendo puerta de entrada al paramilitarismo. Congresistas del Pacto Histórico como María Fernanda Carrascal y María José Pizarro levantaron la voz advirtiendo que se buscaba revivir un modelo fracasado. Sin embargo, por ahora el Bloque de Defensa sigue siendo solo un anuncio sin reglamentación, lo que hace difícil hacer comparaciones directas.

De la Espriella ha sido claro en sus límites. Durante una transmisión en redes, reiteró que "no habrá impunidad ni territorios bajo control de organizaciones criminales" y que el único camino para los grupos ilegales será someterse a la justicia conforme a la ley vigente. También reveló haber recibido solicitudes de sometimiento de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de Los Pepes, la banda que operaba en Barranquilla bajo la política de "paz urbana" del gobierno anterior. Además, anunció que reactivará todas las órdenes de captura que fueron suspendidas e instruirá a la Fuerza Pública para hacerlas efectivas.

Pero no es solo seguridad urbana lo que trae en el tintero. De la Espriella ha prometido retomar todas las formas de erradicación de cultivos ilícitos, fortalecer la destrucción de laboratorios de droga y perseguir las finanzas de las organizaciones criminales. En territorios estratégicos busca crear comandos conjuntos operacionales, reforzar fronteras y combatir economías ilegales como la minería criminal. Para la seguridad ciudadana planea fortalecer grupos Gaula, crear un centro nacional contra el contrabando y construir 10 megacárceles con participación privada, además de reemplazar el INPEC por un nuevo cuerpo penitenciario con veteranos y reservistas.

En el terreno político, De la Espriella ha encontrado respaldo de varios alcaldes. Cristian Portilla en Bucaramanga afirmó que "las ciudades no pueden combatir solas la delincuencia" y preparará un informe detallado para cuando se expida el decreto. Alejandro Char en Barranquilla consideró que "Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia" y destacó la importancia del liderazgo presidencial. Federico Gutiérrez en Medellín celebró el cambio de enfoque y enfatizó que "los únicos que deben sentir miedo sean los criminales". Carlos Fernando Galán en Bogotá expresó disposición a colaborar y pidió mayor respaldo a la Fuerza Pública para combatir extorsión, hurto y narcotráfico.

El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rincón, respaldó la propuesta pero advirtió que enfocarse solo en ciudades sería insuficiente si no se atienden las dinámicas de violencia rural, el aumento de cultivos ilícitos y la minería ilegal. De la Espriella ha mantenido encuentros con alcaldes y gobernadores, y tiene agendados más. Mientras las aguas se revuelven entre críticas y apoyos, el futuro presidente se mantiene firme en su discurso de mano dura contra el crimen, aunque los detalles de cómo operará exactamente el Bloque de Defensa seguirán en discusión hasta que se firme el decreto.