La situación de los bloqueos en carreteras se volvió tan crítica que la Confederación Colombiana de Transportadores no tuvo más remedio que salir a la luz pública con un informe desgarrador. En los últimos tres años se han registrado 2.627 cierres viales que han paralizado 28.000 vehículos y afectado a 1.200 empresas. Las pérdidas acumuladas alcanzan los 12,4 billones de pesos, lo que representa el 8% del valor anual de toda la operación del transporte de carga terrestre en el país.

Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, fue contundente al describir lo que ve como un problema cultural. Según ella, "hemos llegado al punto en que bloquear una vía en Colombia es más fácil que sacar un permiso de construcción". Con esta frase sintetiza la preocupación de que el bloqueo se ha convertido en la herramienta principal de negociación ciudadana, cuando debería ser el último recurso.

Los números que maneja Colfecar muestran que el suroccidente del país concentra el mayor caos. El Cauca encabeza la lista con 298 bloqueos, seguido por el Valle del Cauca con 212, Nariño con 189, Antioquia con 165, Cundinamarca con 156 y Boyacá con 142. En promedio, un cierre de vía primaria donde ocurre el 78% de estos casos dura 4,3 días. El episodio más grave fue el bloqueo indígena en el Cauca durante enero de 2024, que cerró la Vía Panamericana durante 21 días completos. Como resultado de toda esta parálisis, quedaron represadas 3,2 millones de toneladas de carga, incluyendo 47.000 toneladas de alimentos perecederos que se perdieron completamente.

Lo interesante es que Colfecar logró identificar qué genera estos conflictos. Según la plataforma Colfecar Conecta que monitorea en tiempo real, el 35% responde a conflictos mineros, el 22% a protestas por el impuesto predial rural y el 18% a reclamos del sector arrocero. Pero aquí viene lo más preocupante: el 68% de los bloqueos terminan con actas de acuerdo firmadas entre alcaldías, gobernaciones y comunidades. El problema es que estos compromisos no tienen respaldo presupuestal, así que cuando se incumplen, los cierres vuelven a repetirse en los mismos lugares. Solo en el 22% de los casos se usó la fuerza pública para desalojar.

Contrario a lo que muchos piensan, no son las grandes corporaciones quienes cargan el peso más pesado. Un camión detenido genera pérdidas diarias de 1,2 millones de pesos, distribuidos en combustible (120.000), manutención del conductor (45.000), peajes por rutas alternas y multas por incumplimiento de entregas. Esto golpea durísimo a los pequeños transportadores independientes que son dueños de uno o dos vehículos, que no tienen cómo absorber estos costos.

El impacto alcanza también al consumidor colombiano de a pie. Las empresas logísticas han incluido una prima de riesgo entre el 8% y el 12% en los fletes, lo que encarece los productos que llegan a los hogares. Hacia regiones como Nariño y Cauca, los aumentos en tarifas llegan hasta el 20%. Todo esto mientras Colombia experimenta un aislamiento logístico que contrasta con sus vecinos: la gremio advierte que el país registra tres veces más bloqueos que Perú y siete veces más que Ecuador.