Las campañas presidenciales en Colombia se mueven en una atmósfera de zozobra sin precedentes. Los candidatos avanzan protegidos por anillos de seguridad cada vez más complejos y costosos, una realidad que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, decidió visibilizar públicamente después de acompañar a Abelardo de la Espriella en un evento en el Parque de Belén. Lo que vio le dejó una reflexión profunda: "Ver a un candidato ante miles de personas protegido por escudos, mantas balísticas, chalecos, antidrones, una tarima con vidrios blindados y un despliegue de más de 30 hombres con fusiles, es una imagen que cuestiona nuestra realidad. ¿En qué momento se volvió tan peligroso querer liderar a Colombia?", escribió De Bedout en X.

La preocupación del concejal no es infundada. Cada desplazamiento de los candidatos incluye un mínimo de 40 funcionarios de seguridad con sus respectivos medios logísticos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que para proteger a los aspirantes se han destinado 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección, 160 efectivos de la Policía, 39 vehículos blindados y 29 chalecos de protección, entre otras medidas. El costo mensual supera los mil millones de pesos. De la Espriella, además, mantiene un equipo de seguridad privada pagado de su propio bolsillo según allegados a su campaña.

El punto de quiebre fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025. Un sicario adolescente lo disparó durante un acto de proselitismo en un parque de Bogotá. Ese hecho no solo marcó un antes y un después en el ambiente electoral, sino que activó todas las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes aspiran a la presidencia. La Fiscalía apunta a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc comandada desde Venezuela por Iván Márquez, como autora intelectual del crimen. También hay sospechas sobre otras disidencias lideradas por Iván Mordisco y Calarcá, vinculadas a supuestos planes criminales que investiga la Fuerza Pública.

Las amenazas van más allá de los intentos de atentado directo. La Misión de Observación Electoral documentó 35 amenazas contra campañas en 2026, y entre marzo y abril de este año se registraron múltiples agresiones a los candidatos. La Defensoría del Pueblo advirtió que "el proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación y la calidad de la democracia", según la defensora Iris Marín. Candidatas como Paloma Valencia, Claudia López y Aida Quilcué han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, mientras que Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué han sufrido afirmaciones racistas. Las violencias se amplifican en redes sociales, incrementando el riesgo de escalamiento hacia formas más graves.

Las alertas llegaron hasta Washington. El subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, expresó su preocupación seria por las amenazas: "tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo".

Al día siguiente de la advertencia estadounidense, las campañas de Valencia, De la Espriella y Cepeda reportaron supuestos planes para atentar contra ellos. En el caso de Valencia hubo una controversia: el ministro de Defensa y el director de la Policía la alertaron de un complot, pero se retractaron 24 horas después. El presidente Gustavo Petro indicó que fue una falsa alarma. Por su parte, poco antes de un evento en Envigado, la campaña de De la Espriella informó de la detención de un sospechoso que intentó infiltrarse en el anillo de seguridad fingiendo ser escolta.

La realidad es que en Colombia ningún candidato tiene garantizada su seguridad. Valencia lo expresó con crudeza: "Nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia, ni yo que tengo un gran esquema de seguridad". Ante esta coyuntura, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de mil millones de pesos para quien suministre información que ayude a prevenir atentados contra los aspirantes presidenciales. De Bedout capturó bien el dilema: "es doloroso que la esperanza deba estar blindada de esta manera; esta imagen nos obliga a preguntarnos hasta cuándo el ejercicio de la democracia seguirá siendo una actividad de altísimo riesgo".