En el barrio Black Dog de San Andrés, la paciencia se agotó. Una reunión celebrada el 27 de mayo reunió a la Junta de Acción Comunal y el Raizal Council con el propósito de presionar por el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que lleva casi dos años sin ejecutarse. Esta decisión judicial protege el derecho de los residentes a vivir en un ambiente sano y tranquilo, algo que por ahora sigue siendo apenas una promesa en el papel.

Todo comenzó cuando varios habitantes se cansaron de vivir entre invasiones al espacio público, ruido excesivo y usos del suelo que van en contra del Plan de Ordenamiento Territorial. Presentaron denuncias que ganaron en los juzgados, pero las autoridades competentes—la Gobernación, la Policía y la corporación ambiental Coralina— simplemente no han hecho nada. El tribunal ordenó prohibir actividades al aire libre sin insonorización, cerrar el comercio de alcohol y sustancias prohibidas, y recuperar las vías y andenes ocupados por bodegas, talleres y chatarra. Nada de eso ha pasado.

Jairo Rodríguez, miembro del Raizal Council, explicó que el acompañamiento será desde varios ángulos. "Uno es el legal, que ya venimos adelantando a través de un grupo de abogados, aunque los residentes del barrio han avanzado muchísimo con las acciones que han interpuesto y que han ganado. Entonces el apoyo nuestro es para que eso realmente se cumpla desde los actores que están involucrados", señaló. Pero hay más: también trabajarán en lo educativo. Si la comunidad no entiende la sentencia, no puede exigir sus derechos, y cada quien termina haciendo lo que le parece.

Rodríguez fue claro en que esta lucha debe trascender Black Dog. "Importante también motivar a los pobladores de otros sectores de la isla para que adopten medidas similares, porque este no es un problema únicamente de Black Dog. Esperamos que este tipo de acciones se propaguen y se pueda recuperar la paz y la tranquilidad que habían tenido", enfatizó. El Raizal Development Center también se sumó, usando su estudio de streaming para promover conciencia ciudadana sobre urbanismo.

Melania Francis, presidenta de la JAC, celebró este apoyo que lleva años faltando. "Es un apoyo bastante considerable en materia de acompañamiento legal, porque ya van a ser dos años de la sentencia y no se han cumplido dichas órdenes, que son para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad de Black Dog", señaló. En la reunión participaron la procuradora regional, la Defensoría del Pueblo y la Policía, entre otros actores. Un uniformado reconoció que su institución ha intentado avanzar, pero señaló que falta el apoyo de la Inspección de Policía, que es la que debe hacer los comparendos y cerrar los establecimientos que incumplen la ley.

La batalla por la tranquilidad en Black Dog es también un llamado a que las instituciones respondan cuando los ciudadanos ganan en los juzgados. La sentencia existe, pero sin acción real de las autoridades, los derechos siguen siendo apenas letras en un papel.