Desde Barranquilla, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a plantear una exigencia que considera fundamental para la credibilidad de las próximas elecciones presidenciales en Colombia: una auditoría rigurosa del software que se utilizará en los comicios y que los partidos políticos tengan acceso directo al código fuente del sistema.

Para el ministro no es suficiente que el sistema sea presentado al público de manera general. Lo que se necesita, según su criterio, es una revisión técnica profunda que puede tomar entre dos o tres semanas. "Hay que hacer una auditoría al Software, y esa auditoría debe hacerse durante dos o tres semanas. Pero además, el código fuente del Software debe estar en manos de los partidos políticos el día de las elecciones presidenciales", puntualizó Benedetti.

La intención de esta propuesta, explicó el funcionario, es que los partidos puedan verificar personalmente cómo funciona el software electoral y así generar confianza genuina en los resultados que se obtengan. Se trata, en sus palabras, de garantizar transparencia real en un proceso tan delicado como el electoral.

Más allá de la auditoría del software, Benedetti aprovechó su intervención para insistir en que Colombia necesita modernizar su sistema electoral. Recordó que entre 2021 y 2022 fue ponente del proyecto de Código Electoral, una iniciativa que buscaba actualizar las normas electorales e incluir herramientas como el voto electrónico. La Corte Constitucional declaró inexequible ese proyecto, pero para el ministro la necesidad persiste: el actual Código Electoral data de 1986 y aún contempla mecanismos tradicionales como el uso de papeletas, cuando la tecnología ha avanzado significativamente.

En otro tema, Benedetti salió en defensa del presidente Gustavo Petro frente a las críticas sobre una presunta participación indebida en política. Según el ministro, existe confusión sobre qué dice realmente la ley al respecto. Para Benedetti, la participación en política ocurre cuando un funcionario pide votos directamente por un candidato, entrega dinero o utiliza recursos del Estado para favorecer una campaña. "Eso es participación en política. Pero no se puede prohibir que un funcionario se exprese o haga análisis sobre lo que está pasando", afirmó el ministro.