Una respuesta de Roy Barreras en el programa Los Danieles ha generado revuelo político en el país. Cuando el periodista Daniel Coronell le preguntó directamente si "los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno", Barreras respondió: "No, no solo en Antioquia, Daniel". Con esa frase, el exsenador sugiere que el beneficio otorgado a líderes criminales va más allá de Antioquia y tiene motivaciones electorales.

La polémica se originó cuando el Ejecutivo suspendió las órdenes de captura a 23 de los principales cabecillas del Valle de Aburrá, quienes participan actualmente en conversaciones de paz en la cárcel de Itagüí bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los beneficiados están Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D'maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, y otros líderes de bandas delictivas. La suspensión aplica por seis meses y puede ser prorrogada según el avance de las negociaciones.

Para respaldar su argumento, Barreras citó ejemplos de otros territorios donde presuntamente ocurre control electoral mediante intimidación. Mencionó a cabecillas como alias Araña, quien según él controla territorios en el Caquetá mediante la obligación del voto: "si manda Araña, pues decide la votación el señor Araña, porque obliga". También señaló al municipio de López de Micay, en el Pacífico, donde asegura que se recogen cédulas y se marca el voto de manera forzada.

Sin embargo, desde el mundo jurídico surgen dudas sobre la viabilidad legal de esta decisión. Abogados consultados por El Colombiano señalan que la resolución del Gobierno carece de consistencia legal, principalmente porque casi todos los 23 beneficiados ya cumplen condenas. Según Álex Morales, especialista en conflicto urbano, la medida "desconoce el marco legal y reinterpreta la condición de los voceros como si fueran sujetos con órdenes de captura vigentes o como si existiera un riesgo real de reincidencia". Otros expertos advierten que el instrumento jurídico correcto para condenados no sería levantar capturas, sino una suspensión eventual de la pena.

Hasta ahora, ni el Gobierno Nacional ni el candidato presidencial Iván Cepeda Castro han respondido públicamente a las declaraciones de Barreras. El silencio contrasta con la intensidad del debate que su respuesta ha generado en círculos políticos y académicos sobre la legitimidad de las negociaciones con grupos criminales.