En La Guajira está sucediendo una batalla de narrativas que divide a la comunidad wayuu. Mientras el gobierno y Ecopetrol celebran que han cerrado acuerdos con el 90% de treinta comunidades para el parque eólico Windpeshi, las Autoridades Tradicionales Indígenas levantaron la voz con una denuncia contundente: el proyecto se está ejecutando sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de protección a pueblos indígenas.

El proyecto es de dimensiones importantes. Ecopetrol adquirió Windpeshi en julio de 2025, cuando lo compró a Enel Colombia. Contempla 41 aerogeneradores de 5 MW cada uno, una línea de transmisión de 60 kilómetros y una inversión estimada en 350 millones de dólares. La empresa asegura que entre enero y febrero de 2026 ha realizado 20 espacios de diálogo para socializar el cronograma y fortalecer la relación con el territorio. Pero aquí está el punto de quiebre: las autoridades wayuu denuncian que esas reuniones han venido acompañadas de desinformación, presión y prácticas de manipulación hacia las comunidades.

Lo complicado es que dentro del pueblo Wayuu no hay una sola voz. Las fuentes oficiales reportan acuerdos y respaldo comunitario, pero los líderes tradicionales advierten sobre impactos ambientales, culturales y espirituales que podrían amenazar la pervivencia de su cosmovisión. El trauma es real: el parque eólico La Guajira 1, construido en la región, se levantó sobre un cementerio sagrado. Para la espiritualidad wayuu, eso fue una profanación del descanso de los ancestros. Una herida que sigue abierta.

Por eso las autoridades tomaron cartas en el asunto. Emitieron un Mandato Autónomo que exige a Ecopetrol información detallada sobre contratación, participación laboral indígena y gestión ambiental. Y ordenaron la suspensión inmediata de cualquier actividad hasta que se garantice una consulta previa que sea efectiva de verdad.

El caso Windpeshi se ha convertido en una prueba crucial para Colombia. ¿Cómo conciliar la urgencia de la transición energética con el derecho ancestral al territorio cuando las comunidades no hablan con una sola voz y las empresas priorizan la velocidad? Ecopetrol proyecta iniciar operaciones en 2028, generando 1.006 GWh anuales y evitando 140.000 toneladas de CO₂. Pero las autoridades wayuu insisten en que "ningún megavatio vale el silencio impuesto a sus mayorías tradicionales". La resolución de esta disputa no solo definirá el futuro de Windpeshi, sino el modelo mismo de desarrollo renovable en territorios indígenas de América Latina.