Las autoridades tradicionales indígenas wayuu afiliadas al Movimiento Indígena Nación Wayuu anunciaron que a partir de la medianoche del próximo 16 de junio cerrarán de manera pacífica sus territorios ancestrales en la zona donde opera el Proyecto Eólico Windpeshi, que está bajo responsabilidad de Ecopetrol.

Según manifestaron los líderes indígenas, esta decisión responde a años de incumplimientos por parte de la empresa frente a los compromisos contraídos con las comunidades. Pero el asunto va más allá de promesas rotas. Las autoridades wayuu expresan preocupaciones profundas sobre el derecho fundamental al Consentimiento Libre, Previo e Informado, así como sobre los impactos que el proyecto ha traído a sus territorios en materia ambiental, social, cultural y espiritual.

El proyecto ha dejado heridas que van más allá de lo territorial. Las comunidades wayuu han visto cómo familias enteras se dividen por desacuerdos relacionados con la participación en el desarrollo de esta iniciativa energética. Los conflictos internos se han profundizado, generando tensiones que van más allá de la relación con la empresa.

A esto se suma lo que las autoridades describen como la estigmatización de líderes indígenas y defensores de derechos humanos que han cuestionado aspectos del proyecto. Igualmente, reportan un deterioro notable en las condiciones de seguridad en varios territorios ubicados dentro del área de influencia de Windpeshi.

Las autoridades wayuu aclararon que su posición no es una oposición cerrada al desarrollo. "No se oponen al desarrollo ni a la transición energética que impulsa el país", pero consideran que estos procesos deben garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos, la autonomía de los pueblos indígenas y la consulta previa de las comunidades afectadas.

El llamado es directo hacia múltiples actores: el Gobierno Nacional, Ecopetrol, los organismos de control y la comunidad internacional son convocados para acompañar la situación y abrir espacios de diálogo genuino. El objetivo es garantizar los derechos de las comunidades y evitar que los conflictos sociales en la región se intensifiquen aún más.