En las agencias encargadas de proteger a los candidatos presidenciales no existe hasta el momento ningún informe oficial que sustente los rumores sobre presuntos planes de autoatentados que busquen incidir en los resultados de la segunda vuelta. Consultadas por EL COLOMBIANO, fuentes de la Fiscalía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección confirmaron de manera extraoficial que siguen esperando a que los aspirantes presenten sus denuncias formales para poder actuar en consecuencia.

La polémica estalló el lunes 8 de junio cuando Iván Cepeda publicó en la red social X que había recibido información según la cual "en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección". Cepeda anunció que reportaría esto a la Fiscalía y a la UNP. De la Espriella respondió prácticamente en los mismos términos, afirmando que "a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política".

Sin embargo, en la base de datos de la Fiscalía no consta ningún caso penal registrado sobre supuestos autoatentados. Fuentes judiciales indicaron que por ahora solo se están tramitando denuncias formales por el delito de amenazas. Esta ausencia de casos significa que los investigadores desconocen los detalles concretos: no saben ni cómo se llevarían a cabo, ni cuándo, ni cuál sería el método empleado.

Los organismos de seguridad mantendrán silencio sobre el tema hasta que se realice la próxima reunión del CORMPE, la instancia coordinada por el Ministerio del Interior que reúne a todos los organismos responsables de la protección de políticos. Únicamente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en términos generales en la red social X: "Proteger a los candidatos presidenciales es proteger a la democracia. Todas las capacidades se han desplegado para salvaguardar su integridad y que adelanten las campañas políticas". El ministro también recordó que "hay hasta $1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos y capturar a quienes estén detrás de algún plan criminal contra ellos".

Independientemente de esta polémica, fuentes de la UNP indicaron que se prevé reforzar los esquemas de seguridad de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el 21 de junio.