En lo profundo de una zona rural de difícil acceso en Mosquera, Nariño, las autoridades colombianas acaban de dar un golpe contundente al narcotráfico. Fue en la vereda Trejos del Mar donde lograron ubicar y destruir lo que representa uno de los mayores laboratorios de cocaína detectados recientemente en el Pacífico. La operación fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional, la Armada, la Policía Nacional y la Drug Enforcement Administration, quienes realizaron maniobras combinadas por vía marítima, fluvial y terrestre para penetrar en ese territorio de difícil acceso.

Lo que encontraron en el terreno dejó clara la envergadura de esta estructura criminal. El complejo estaba conformado por seis infraestructuras dedicadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína. En total incautaron 1.710 kilogramos de droga lista para comercializar, además de 1,5 kilos de pasta base, 694 galones de cocaína en suspensión y más de mil insumos entre maquinaria industrial y elementos artesanales. Este laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de cocaína, lo que da una idea de la escala de operación de la banda.

Las autoridades señalaron que esta red criminal operaba a nivel transnacional y estaba asociada al GAO-r Bloque Occidental "Alfonso Cano", que mantiene control en los corredores del Pacífico nariñense. La droga que procesaban en este complejo seguía una ruta clara: salía desde municipios como Ricaurte y San Lorenzo en Nariño hacia Esmeraldas en Ecuador, y desde allí se distribuía hacia Centroamérica y Norteamérica mediante redes de tráfico internacional por mar.

El impacto económico para los criminales fue inmediato. Las autoridades estimaron que la destrucción del laboratorio causó pérdidas superiores a 220 millones de pesos en las finanzas de estas estructuras delictivas. Pero más allá de los números, el golpe dejó otra consecuencia que preocupa a las instituciones: el daño ambiental en zonas estratégicas del Pacífico colombiano. El vertimiento de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento afectó ecosistemas de manglar y fuentes hídricas que son vitales para comunidades que dependen de la pesca y la recolección de piangua. Es un costo que pagan los territorios y sus gentes por la presencia de estas operaciones criminales.