Estilita Ipuana, Autoridad Tradicional de la comunidad Wayuu de Poropo en el corregimiento de Jojoncito, envió una carta abierta a la Defensoría del Pueblo Regional Guajira para alertar sobre problemas que afectan el reconocimiento de autoridades indígenas y el cumplimiento de decisiones judiciales en el departamento. La comunicación refleja la preocupación de una lideresa que tras más de una década representando a su pueblo fue sacada del cargo de manera irregular.

Según relata Ipuana, su reemplazo ocurrió sin que se convocara a asamblea general, el procedimiento que exige la tradición wayuu para estos cambios. A eso se suma que el censo de su comunidad fue retirado del registro de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, una decisión que ha traído consecuencias prácticas: estudiantes del territorio no pueden obtener certificaciones de pertenencia étnica, documentos que suelen ser fundamentales para acceder a beneficios educativos.

Cansada de no obtener respuestas por las vías administrativas, Ipuana presentó una acción de tutela. Aunque el Juzgado Primero Administrativo de Maicao le negó el recurso en primera instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira le dio la razón y reconoció que sus derechos habían sido vulnerados. Una victoria judicial que, sin embargo, no se ha materializado en el territorio.

Lo que molesta a la lideresa es que la Alcaldía de Uribia no estaría acatando lo que ordenó el Tribunal: realizar una reunión en la comunidad dentro de un mes. De acuerdo con su denuncia, la convocatoria se programó fuera del tiempo establecido y en un lugar diferente: en la Casa de Justicia de Uribia, no en Poropo como se indicó.

Por eso recurre ahora a la Defensoría del Pueblo. Le pide que vigile el cumplimiento efectivo de la sentencia, que verifique las condiciones en que se realice la convocatoria y que acompañe a la comunidad en el proceso. Además, Ipuana advierte que situaciones similares podrían estar ocurriendo en otras comunidades Wayuu del departamento, lo que sugiere un problema más amplio de reconocimiento de autoridades tradicionales.