En Colombia existe una responsabilidad constitucional clara para quien llega a la presidencia: debe ser el presidente de todos los colombianos, no solo de quienes lo votaron. El artículo 287 de la Constitución es explícito en señalar que el Gobierno debe coordinar, asistir técnica y financieramente, y respetar la autonomía fiscal y administrativa de gobernadores y alcaldes. Sin embargo, durante el actual cuatrienio, esa autonomía local se ha vuelto motivo de fricción constante, generando dudas sobre si el Ejecutivo está buscando cooperación o subordinación.

Las obligaciones del presidente frente a las entidades territoriales no son opcionales. Un Estado unitario y descentralizado, como el nuestro, requiere que el Gobierno nacional garantice la autonomía para que las regiones se gobiernen con autoridades propias, que administren sus recursos. Además, debe articular los planes de desarrollo departamentales y municipales con el Plan Nacional, distribuir equitativamente el Sistema General de Participaciones y cofinanciar proyectos que beneficien a las regiones.

El meollo del asunto llegó cuando el presidente Gustavo Petro afirmó en algún momento que él era el jefe de los alcaldes. Los expertos han tenido que recordar constantemente que la Constitución de 1991 protege la independencia de las autoridades territoriales. Los alcaldes y gobernadores son elegidos por voto popular y tienen autonomía política, fiscal y administrativa, tal como lo establecen el artículo 315 y los principios de descentralización del artículo 1. Una afirmación como la del presidente resulta grave porque o desconoce la Constitución o genera confusión deliberada sobre los derechos de los mandatarios locales.

La administración de recursos en municipios y ciudades es potestad de quienes los gobiernan. Ningún alcalde ni ningún gobernador tienen que agradecerle al presidente por hacer lo que está constitucionalmente obligado a hacer. La relación debe basarse en coordinación y cooperación, nunca en subordinación. Los dos años y medio de tensiones vividos han afectado el desarrollo en todas las regiones del país.

De cara al futuro, gobernadores y alcaldes que terminan sus períodos tienen una responsabilidad: evitar que se repita este modelo de confrontación. Deben comprometerse a garantizar diálogo y articulación con los territorios, insistiendo en el pleno respeto a las autonomías. El próximo presidente o presidenta debe responsablemente ampliar las capacidades para las autoridades locales, construir una relación transparente sin sesgos políticos ni autoritarismos, y mejorar la comunicación que ha estado rota.

Los ciudadanos enfrentan una elección importante. Votar conscientemente implica elegir un proyecto de país alineado con nuestros valores, basado en propuestas viables y experiencia, no en populismo. Hay que informarse sobre el Plan de Gobierno, el equipo de trabajo y el impacto real de las políticas públicas. Solo así se hará realidad el sueño de vivir en un país tranquilo, en desarrollo, en paz y armonía.