Una auditoría de Finagro sacó a la luz una serie de irregularidades en los trámites que permitieron que Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y del ganadero José Félix Lafaurie, recibiera beneficios económicos por parte del Estado. Según informó El Reporte Coronell, el análisis detectó lo que los auditores describen como "una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios del proyecto".

Los números son considerables. Lafaurie Cabal recibió un crédito blando de 400 millones de pesos. De esa cifra, 95 millones 273 mil 700 pesos fueron pagados por los contribuyentes colombianos a través de un subsidio llamado Incentivo a la Capacitación Rural, que supuestamente se otorgaba porque él cumplía con el perfil de pequeño productor. El Estado, además, asumió el 80 por ciento del riesgo de esa deuda como fiador a través de garantías especiales.

El problema comienza con la propiedad de la tierra. Cuando Lafaurie Cabal presentó su solicitud, afirmó ser el dueño del terreno donde se invertiría el dinero público. Sin embargo, cuando los auditores revisaron los registros de propiedad, encontraron que el predio pertenecía a una empresa llamada Inversiones Lafaurie Cabal. Y aquí viene lo más delicado: esa empresa tiene como socias a la senadora Cabal, con un capital de 2,5 millones de pesos, y a tres hijos de ella, cada uno con la misma inversión. En total, la familia metió 10 millones de pesos en la empresa.

Para justificar que podía usar el terreno sin ser dueño, Lafaurie presentó un documento llamado comodato, que en lenguaje legal significa un préstamo gratuito de un bien. Pero la auditoría encontró que este comodato no era tan sencillo. El contrato, según el informe, establecía que Lafaurie tendría que transferir el 20 por ciento de las utilidades netas a la empresa propietaria del terreno, además de ceder todas las mejoras realizadas al cultivo. En las palabras del informe: "La obligación del comodatario de transferir el 20% de las utilidades netas y de ceder el 100% de las mejoras (el cultivo financiado) a la sociedad propietaria del predio. Al exigir esta contraprestación económica y patrimonial, el contrato no es gratuito".

Los auditores concluyeron que esto distorsionaba completamente la naturaleza de lo que se suponía era un préstamo gratuito, y que en realidad había múltiples beneficiarios compartiendo los recursos públicos que supuestamente iban solo para un pequeño productor. La empresa dueña de la tierra también se estaba beneficiando, lo que quebranta las reglas del programa de subsidios. El informe estaría guardado bajo secreto dentro de Finagro, pero contiene la recomendación de que el caso exija "una revisión integral".