Un entramado de conversaciones secretas entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y el abogado defensor de uno de los mayores contrabandistas del país ha salido a la luz. Se trata de diálogos en los que se habrían negociado beneficios judiciales para Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien está señalado de financiar ilegalmente la campaña presidencial de 2022. La investigación que sacó estos audios fue realizada por Noticias Caracol.

De acuerdo con las conversaciones, varios emisarios del Gobierno se movieron para contactar a Luis Felipe Ramírez, abogado de Papá Pitufo, con la intención de que el contrabandista se entregara a la justicia colombiana. Entre estos intermediarios aparece Ramón Devesa, un ciudadano catalán cercano al Gobierno que trabaja como estratega digital y ha asesorado a partidos de izquierda en España y América Latina. El abogado lo menciona como uno de los canales directos hacia el presidente: "Yo tuve otro camino en el cual mandaba al señor presidente que era con el señor Ramón (Devesa) que fue uno de los delegados que él mandó que el presidente mandó a España", aparece en los audios.

Otro de los emisarios fue Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Según los audios, en una reunión de abril de 2024 se discutió sobre una supuesta misión en España. En los diálogos se escucha: "Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República". A través de Beltrán, Papá Pitufo habría ofrecido al Gobierno actuar como intermediario con bandas delincuenciales para ayudar a controlar el orden público en ciudades como Buenaventura y Tuluá.

También aparece en los audios Gloria Arias, una exfiscal que ahora defiende a Marín y que sería amiga del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Además está Alexander López, quien fue director del Departamento Nacional de Planeación hasta febrero de 2025. El abogado Ramírez reconoce haber usado a López para enviar mensajes: "Alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce".

Los emisarios del Gobierno habrían buscado que Marín ingresara al marco de la Paz Total, mecanismo que podría frenar una eventual extradición. También le ofrecieron mantenerse con "bajo perfil" y garantizar su seguridad si se entregaba en Colombia. En esos diálogos, Jorge Lemus, quien era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, sugirió que aunque la negociación final correspondería a la Fiscalía, el Gobierno podría "hablar algo dentro de la Fiscalía" para favorecer el proceso.