Un escándalo sacude los pasillos del poder con la revelación de audios que capturan tensiones entre funcionarios de alto nivel. El epicentro gira alrededor de 500 millones de pesos que, según las autoridades, fueron ofrecidos pero rechazados para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer conversaciones entre Jorge Lemus, quien en ese momento era director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, un reconocido contrabandista.

El conflicto escaló después de que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, declarara el 4 de febrero de 2025 en un Consejo de Ministros que "el señor Marín, 'Papá Pitufo' como le dicen, él sabe que desde la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector, intentaron meter una plata y la logramos frenar". Esta afirmación pública molestó profundamente a Papá Pitufo y su defensor legal, quienes se sintieron expuestos tras haber rechazado hacer declaraciones en contra del Gobierno.

En los audios captados, el abogado de Marín expresa su inconformidad sin ambigüedades: "¿a este man (Augusto Rodríguez) qué le pasó?, ¿qué es esto por Dios? Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición, precisamente para yo evitar, para no estar en esto." El tono refleja rabia y decepción ante lo que considera una traición de su lealtad al silencio.

Lo más fuerte ocurre cuando Lemus interviene en la conversación. Tras insistir en que la información compartida es veraz, el jefe de inteligencia suelta la frase que enciende la polémica: "Hermano, yo creo que él (Augusto Rodríguez) tiene problemas en la cabeza, te lo digo así claramente". Así, un alto funcionario cuestiona públicamente la estabilidad mental de otro miembro del Gobierno, sumando turbulencia a un escándalo que ya estaba cuestionando la integridad de la campaña presidencial.

Los audios revelan además que Papá Pitufo estaría en posesión de información sensible sobre personas que actúan como intermediarios en nombre del presidente. El abogado menciona nombres como Ramón Devesa, quien habría funcionado como un canal de contacto para verificar información relacionada con seguridad y vínculos con actores ilegales. Devesa, a su vez, fue acusado por Rodríguez de intentar extorsión al exigirle dinero a cambio de una grabación que supuestamente probaría la devolución de los 500 millones.

En respuesta, Rodríguez declaró: "Busqué a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así que renuncié a esta exigencia". Lo que emerge es un panorama de acusaciones cruzadas, contactos cuestionables entre altos funcionarios y un contrabandista, y dudas persistentes sobre cómo se financió realmente la campaña presidencial. Los audios abren nuevamente el telón sobre posibles violaciones a las normas éticas y legales en la recolección de fondos para llegar a la Casa de Nariño.