La investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol pone sobre la mesa un episodio incómodo para el Gobierno: una serie de audios que muestran presuntos acercamientos entre funcionarios del Estado y Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', un contrabandista señalado por operar en el país. Las grabaciones revelarían reuniones entre Jorge Lemus, quien era el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín, donde se habría conversado sobre posibles acuerdos para que el contrabandista fuera entregado a la justicia, incluyendo eventuales beneficios judiciales.

En las grabaciones divulgadas se escucha una conversación donde alguien menciona: "nosotros no somos los que decidimos sobre su libertad, es la Fiscalía (…) pero podríamos hacer una gestión". Esto ha levantado preguntas sobre qué tipo de gestiones se estaban considerando y qué alcance real tenían esas conversaciones. Lemus explicó a Noticias Caracol que él mismo ordenó hacer esas grabaciones precisamente para tener constancia de que no estaba pidiendo dinero ni cometiendo irregularidades como funcionario público.

El informe también menciona la participación de intermediarios. Se cita al ciudadano español Ramón Devesa e Isaac Beltrán como personas que habrían servido de enlace entre sectores del Gobierno y el entorno de Marín. Según lo investigado, el contrabandista habría ofrecido información sensible contra personas cercanas al Gobierno, y también habría propuesto intermediar con estructuras criminales en ciudades como Buenaventura y Tuluá.

Cuando se conoció la investigación, el presidente Gustavo Petro respondió directamente. Defendió la actuación de su administración asegurando que "todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito". Pero también reconoció problemas dentro del aparato estatal: denunció que "varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades". Según el mandatario, esos funcionarios fueron destituidos por sus conductas.

En su pronunciamiento, Petro también cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación, sugiriendo que ciertas decisiones dentro de esa entidad habrían limitado el avance de las investigaciones. Incluso planteó una hipótesis más compleja, asegurando creer "seriamente" que pudo haber un pacto entre funcionarios de la Fiscalía y directivos de la DNI para evitar que Marín fuera traído al país, aprovechando su situación en cambio.

La Presidencia informó que no hará más pronunciamientos sobre este asunto por ahora. Mientras tanto, desde distintos sectores políticos crece el escrutinio sobre un caso que reabre la vieja discusión sobre cómo se maneja la información de inteligencia en el Estado y qué tipo de relaciones se establecen entre funcionarios públicos y personas vinculadas al contrabando.