En lo corrido del año, la Gobernación del Atlántico ha asestado golpes contundentes contra el robo de agua en el departamento. A través de operativos coordinados en zonas rurales, las autoridades lograron recuperar cerca de un millón de litros del recurso hídrico e intervenir más de 120 conexiones ilegales. Estas derivaciones clandestinas eran usadas principalmente para abastecer fincas dedicadas a la agricultura y la ganadería, actividades que demandaban grandes volúmenes de agua sin pasar por los registros oficiales.

Los operativos fueron el resultado del trabajo en equipo entre la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía y Aqualia, la empresa operadora del servicio. El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, enfatizó que estas acciones representan una respuesta firme contra un delito que tiene consecuencias reales para la ciudadanía. Como explicó, el robo de agua reduce la presión en las redes de distribución y compromete el acceso al servicio en municipios alejados de los centros urbanos.

Luruaco se llevó el incómodo récord en los hallazgos. En una línea de conducción de 8 kilómetros, los operativos descubrieron 27 derivaciones ilegales que sacaban agua sin autorización. Pero el caso que más preocupa a las autoridades ocurre en Manatí, donde 33 conexiones clandestinas en fincas privadas ocasionaban la pérdida de 1.500 metros cúbicos de agua diarios. El impacto económico de esta situación alcanzaría los 2.000 millones de pesos, y la afectación llegaba a más de 40 mil habitantes sin acceso garantizado al agua.

Lady Ospina, secretaria de Agua Potable, fue contundente al señalar que "cada litro que se pierde por estas prácticas es agua que deja de llegar a las familias". Hasta el momento se han interpuesto 36 denuncias penales contra los responsables de estos hurtos. Las autoridades ratificaron su intención de intensificar estos operativos en los próximos meses para proteger el agua como el bien público esencial que es.