Colombia volvió a enfrentar un acto de violencia de gran envergadura el sábado 25 de abril cuando un artefacto explosivo detonó en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca. La explosión impactó varios vehículos que transitaban por ese corredor vial, incluyendo un bus de transporte público que llevaba pasajeros. El resultado fue devastador: 20 personas muertas y 36 heridas, de las cuales 5 son menores de edad que afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

Según información oficial, el cilindro bomba generó un cráter de gran magnitud que destrozó parte de la carretera y dejó los vehículos prácticamente inutilizables. Entre las víctimas mortales se encuentra Patricia Mosquera, una reconocida lideresa social del Cauca y referente importante de las comunidades afrodescendientes en la región. Mosquera integraba el Consejo Comunitario del Puro y del Mecanismo Especial de Consulta en la subregión Alto Patía Norte. Con su muerte, ya son 48 los líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026, según registros de Indepaz.

Las autoridades no tardaron en señalar a los responsables. El ataque es atribuido a disidencias de las antiguas FARC, específicamente a estructuras comandadas por alias "Marlon", vinculadas al grupo liderado por Iván Mordisco. Este atentado se suma a una escalada de violencia que ha golpeado el suroccidente colombiano en las últimas horas: en Cali fue hostigado el Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, en Palmira se lanzaron cilindros explosivos contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, y en zona rural de El Tambo fue afectado el radar del cerro Santana, una infraestructura crítica para el control del tráfico aéreo en la región.

Inmediatamente después de la tragedia, las autoridades desplegaron equipos de rescate, atención médica y unidades forenses para identificar a las víctimas y atender a los heridos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, convocó un Consejo de Gobierno para coordinar acciones de seguridad y asistencia humanitaria a los afectados. Sobre la reparación de la vía, el mandatario informó que "el cráter, de aproximadamente 200 metros cúbicos, está siendo intervenido y se estima que en un lapso de seis horas se restablezca el paso".

Guzmán también decretó tres días de duelo en honor a "la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia", con actos simbólicos previstos en memoria de los fallecidos. Además, adoptó medidas restrictivas como la prohibición de motocicletas durante la noche, restricción de reuniones y aglomeraciones, y limitación de venta y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 6:00 p.m. Se activó además un plan de recompensas para obtener información sobre los hechos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias "Marlon". Desde Palmira, Sánchez expresó que "esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente".

El ataque ha generado rechazo generalizado entre líderes políticos y organismos nacionales, que lo califican como un acto terrorista contra civiles. La preocupación crece por el deterioro acelerado del orden público en una zona estratégica del país.