A media mañana del sábado 25 de abril, hombres armados de las disidencias de Iván Mordisco bloquearon la vía Panamericana en Cajibío. Poco después, decenas de vehículos quedaron atrapados en lo que los habitantes del lugar llamaron "la encerrona". A las 12:30 del mediodía, el mismo grupo activó un cilindro bomba escondido en la carretera, generando lo que se convirtió en el atentado más letal que ha vivido el departamento en los últimos diez años: 20 muertos y 38 heridos. De las víctimas, 15 eran mujeres y 5 hombres. Entre ellos estaba Patricia Mosquera, líder social y la víctima número 48 asesinada en Colombia durante 2024.

Las imágenes capturadas por cámaras de vehículos mostraron la magnitud de la tragedia. El concreto voló por los aires, las partes de los carros destruidos impactaron contra otros vehículos, y un cráter de al menos cinco metros se abrió en la vía. Uno de los sobrevivientes, caminando entre los escombros, resume la brutalidad del acto con una frase que refleja la desesperación: "Esta gente no tiene compasión". En los videos se escuchan gritos de dolor, llantos, pedidos de ayuda, y después un silencio perturbador roto por preguntas sin respuesta: ¿quién cuida a los ciudadanos? ¿por qué atacan población civil?

Pero Cajibío no fue el único escenario de violencia ese fin de semana. En solo 48 horas, el grupo de Mordisco ejecutó al menos 17 atentados distribuidos entre el Cauca y Nariño. Explosivos improvisados, ataques con drones contra puestos de policía, artefactos contra vehículos. Erich Saumeth, analista en defensa, explica que esta campaña coordinada responde a una estrategia clara: "generar saturación mediática y efecto psicológico" y golpear al país desde diferentes frentes. Según su análisis, la ofensiva converge tres factores: el ciclo electoral que dispersa las decisiones estatales, la necesidad urgente de mantener el control sobre economías ilícitas en disputa, y proyectar resiliencia frente a la Fuerza Pública.

Detrás de esta oleada estaría Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias "Marlon", quien comanda el Frente Jaime Martínez desde 2022. Marlon ya era conocido desde 2023, cuando apareció en un video leyendo un comunicado sobre Paz Total. En ese entonces, según reportes, sus hombres acababan de masacrar a seis militares en Buenos Aires, Cauca. Su lealtad a Mordisco lo convirtió en un hombre clave. Como líder del Frente, ha dirigido operaciones contra otros grupos armados, extorsiones, secuestros y control territorial en zonas estratégicas para el cultivo y transformación de coca. Las recompensas por su captura han crecido desde 70 millones de pesos en 2023 hasta los 5.000 millones actuales, la misma cantidad ofrecida por Mordisco, pero sin resultados hasta ahora.

Las medidas ofensivas del Gobierno no han detenido la violencia. De las 18 grandes operaciones contra grupos armados durante la administración Petro, 12 han sido contra los hombres de Mordisco. Hay bombardeos, hay inteligencia, hay recompensas millonarias, pero los ataques continúan. Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, hace una evaluación contundente: "Aunque la intención de la Paz Total era loable, careció de metodología y preparación. Se intentó mostrar resultados rápidamente, pero estos procesos no funcionan así. Hubo improvisación, y eso explica por qué no ha producido —ni producirá— resultados". Las disidencias de Calarcá, por ejemplo, crecieron 111 por ciento pese a estar en negociaciones, mientras que dialogar con los hombres de Mordisco ha sido imposible.

Para Saumeth, el problema va más allá de las tácticas militares. El Estado Mayor Central no es una insurgencia clásica, sino "una red fragmentada de unidades con alto grado de autonomía" que priorizan "la captura y protección de rentas ilícitas por encima de cualquier objetivo político". Las recompensas funcionan solo cuando las estructuras criminales ya están debilitadas, no como estrategia principal de captura. Vargas insiste en que la verdadera respuesta está en restaurar la confianza con la ciudadanía, algo que con los años se ha destruido casi por completo. Mientras estos debates continúan, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, decretó tres días de duelo y prometió alianzas con el Gobierno para controlar la situación de seguridad. Por ahora, eso es lo único que pueden ofrecer a unas familias que bucan enterrar a sus muertos sin respuestas claras.