La seguridad en las campañas electorales se convierte en una preocupación cada vez más evidente. En los últimos días, candidatos al Congreso y sus familias han sufrido actos de violencia que contrastan directamente con los anuncios del Gobierno sobre protección electoral. Lo que las autoridades promocionan como un "blindaje" parece insuficiente frente a la realidad que viven los aspirantes en diferentes regiones del país.

El primero de los hechos recientes lo denunció la abogada María Bolívar Maury, candidata a la Cámara por el Atlántico del Partido ASI. Según su relato en una grabación, sufrió un atentado en carretera cuando una moto interceptó su vehículo y realizó disparos. "Ayer en la noche sufrí un atentado contra mi vida. En la carretera, el miedo tocó mi puerta de la forma más violenta. Una moto interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz, de silenciar una vida", describió la candidata. El hecho ocurrió en La Apartada, Córdoba, y dejó tres impactos de bala: dos en la ventanilla blindada trasera izquierda y uno en el vidrio del piloto. Las autoridades aún investigan quiénes fueron los responsables.

Pocas horas después, otro incidente sacudió las campañas. En Piedecuesta, Santander, incendiaron el vehículo en el que Mauricio Martínez Triana, candidato del Centro Democrático, realizaba su campaña. El vehículo ardió frente a su casa en el barrio Villas de San Juan. "Esto acaba de ocurrir frente a mi casa, pusieron en riesgo a mi familia y a mi comunidad, le metieron candela al carro en el que hago mi campaña, pero que no crean los miserables bandidos y violentos que me van a arrodillar", escribió el candidato en redes sociales. El coronel Héctor García, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aclaró que el automóvil Chevrolet Spark pertenecía a un cercano del candidato y estaba estacionado desde hace días por problemas mecánicos.

La onda de violencia se extendió con un homicidio. En la tarde del jueves, hombres armados sacaron de su casa a José Cabrera, hermano de Claudia Cabrera Tarazona, candidata a la Cámara por Nariño del partido de La U. Lo asesinaron en el sector La Palma del municipio de Policarpa. El partido de La U reaccionó con dureza: "Este crimen no fue un hecho aislado. Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones y del riesgo que hoy enfrentan quienes ejercen la actividad política".

Desde el Ministerio del Interior, Armando Benedetti expresó su lamento y ordenó que la Policía y la Unidad Nacional de Protección asumieran los casos. "En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno Nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia", afirmó.

Sin embargo, estos no son los únicos ataques de las últimas semanas. El 26 de febrero, el candidato al Senado del Partido Conservador Andrés Vásquez fue secuestrado durante varias horas en Pelaya, Cesar. Ese mismo día, Ana Libia Guetio, aspirante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, fue secuestrada en El Tambo, Cauca. Antes, el 10 de febrero, la senadora Aida Quilcué del partido Mais fue secuestrada en límites de Inzá y Totoró, en Cauca, aunque fue liberada horas después. El 5 de febrero, en Fortul, Arauca, el ELN atacó a tiros una camioneta de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido En Marcha, asesinando a dos de sus escoltas.

El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 246.000 uniformados en 13.493 puestos de votación para proteger las elecciones. Pese a estas cifras, la zozobra persiste en las campañas y movimientos políticos ante esta cascada de ataques que parece desmentir los compromisos de seguridad del Gobierno.