La madrugada del miércoles 27 de mayo quedará marcada en la memoria de Riohacha. Poco después de las 12:20, el Batallón de Infantería Mecanizado Cartagena, ubicado en la salida hacia Maicao, fue blanco de un ataque que dejó 12 militares heridos. Lo que en un primer momento se pensó que había sido ejecutado con drones, resultó siendo mucho más rudimentario pero igual de letal: morteros artesanales, conocidos localmente como "tatucos", lanzados directamente contra el sector donde montaba guardia el personal militar.

Los impactos fueron devastadores en el perímetro inmediato. Los artefactos explosivos destruyeron la garita de entrada y causaron daños significativos en las instalaciones de alojamiento de los soldados que custodiaban la entrada. Entre los heridos hubo dos suboficiales y nueve soldados, incluyendo siete profesionales y dos regulares que precisamente acababan de hacer el relevo de centinelas cuando ocurrió el ataque. Los efectos de las explosiones trascendieron los límites de la base militar y llegaron hasta la comunidad de Aujero, en el kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, donde las viviendas cercanas sufrieron daños en paredes, techos, ventanas y puertas.

Lo que vino después fue el protocolo de seguridad. Las autoridades cerraron temporalmente el tráfico en la vía Riohacha-Maicao mientras los lesionados eran trasladados hacia centros asistenciales. Los militares desplegaron lo que ellos llaman una "peinada" en la zona para descartar más elementos explosivos. Durante esos trabajos encontraron varios proyectiles artesanales, algunos ya detonados y otros que no habían explotado. A unos 400 metros del lugar fue localizado un camión Ford 350 de color rojo, que presuntamente fue utilizado para lanzar los morteros.

La Primera División del Ejército Nacional, con sede en Santa Marta, emitió un comunicado señalando que "esta acción criminal habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos". El ataque reavivó las alarmas en una región que ya venía enfrentando tensiones de seguridad. En respuesta, durante un consejo extraordinario de seguridad celebrado esa misma mañana, las autoridades aprobaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.