Ataque con granada en Caquetá durante elecciones no dejó heridos ni afectó votación

Un hombre en motocicleta lanzó una granada contra la Fuerza Pública en El Paujil, Caquetá, durante la jornada electoral de este domingo. El ministro de Defensa confirmó que no hubo heridos ni daños en la infraestructura de votación. Las autoridades refuerzan los llamados a la vigilancia ciudadana y mantienen recompensas por información sobre amenazas electorales.
En plena jornada de elecciones presidenciales, el departamento de Caquetá vivió un momento de tensión cuando un individuo en motocicleta lanzó una granada contra uniformados de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre el incidente mientras hacía un balance de seguridad en el país, en medio de la masiva participación ciudadana en las urnas.
Lo importante es que el ataque no generó víctimas ni causó daños mayores. El ministro fue claro al respecto: "En una vereda del municipio de El Paujil, Caquetá, un individuo que iba en una moto arrojó una granada contra la Fuerza Pública. No hay ninguna afectación a miembros de la Fuerza Pública, tampoco hay ninguna alteración en el sistema electoral, pero sí nos muestra que tenemos que estar muy alertas". Los puestos de votación continuaron operando con normalidad y la logística electoral no sufrió interrupciones.
Aunque la mayoría del territorio nacional reportó una jornada tranquila, las autoridades mantienen vigilancia especial en zonas donde históricamente la presencia de grupos armados ilegales ha representado riesgos. El Gobierno, la Registraduría y la Fuerza Pública desplegaron mecanismos de monitoreo desde primeras horas para garantizar la transparencia del proceso.
Tras el incidente, el ministro Sánchez hizo un llamado directo a los ciudadanos a estar atentos y denunciar cualquier actividad sospechosa. La línea 157 permanece activa para recibir reportes sobre amenazas, intentos terroristas o delitos electorales. Además, el Gobierno tiene vigentes recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que prevenga actos terroristas, 50 millones por denuncias de compra de votos y hasta 1.000 millones de pesos por datos que eviten ataques contra candidatos y actores electorales.
Fuente original: El Colombiano - Colombia

