El corregimiento de Puerto López, en la zona rural del municipio de El Bagre, fue escenario de un ataque aéreo que marcó un escalón más en la violencia que azota al Bajo Cauca antioqueño. Drones cargados con explosivos detonaron en la región, dejando un saldo que golpea especialmente a quienes menos responsabilidad tienen en estos conflictos: los animales de granja que sostienen la economía de las familias campesinas del área.

La explosión acabó con la vida de seis caballos y una vaca, mientras que una mula quedó herida. Estos animales no son solo ganado para la región: representan el sustento diario de campesinos que dependen de la ganadería y del trabajo en el campo para alimentar a sus familias. Reportes locales sugieren que los drones fueron operados por integrantes de las disidencias de las Farc, en el contexto de los enfrentamientos armados que mantienen contra el Clan del Golfo por el control de corredores estratégicos para sus operaciones ilícitas.

Organizaciones sociales han levantado la voz sobre lo que ocurre en Puerto López, señalando que el uso de artefactos explosivos en zonas donde hay población civil podría constituir una grave violación del Derecho Internacional Humanitario. Es un recordatorio de que en estos conflictos, quienes terminan pagando los mayores costos son los civiles: gente común buscando vivir en paz en sus territorios.

El Ejército Nacional respondió desplegando tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada 11 en la zona, en un intento por fortalecer la seguridad y evitar nuevos ataques. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas sobre la situación que enfrentan los habitantes de El Bagre. La entidad reportó que la población ha vivido eventos de confinamiento, desplazamientos forzados masivos, amenazas y restricciones para moverse libremente.

Lo que agrava aún más el panorama es que la Policía Nacional se retiró del corregimiento desde marzo, dejando a la comunidad prácticamente desprotegida. Sin presencia policial constante, la capacidad de respuesta institucional ha caído, alimentando el sentimiento de abandono entre los bagrecitanos que ven cómo el conflicto avanza sobre sus vidas.

Ante esta crisis humanitaria, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a la fuerza pública para que coordinen acciones efectivas que garanticen la seguridad e integridad de los habitantes. El Bajo Cauca espera respuestas concretas.