El miércoles pasado, el Nordeste antioqueño volvió a sufrir las consecuencias del recrudecimiento de la violencia que azota la región. Un dron bomba atacó una vivienda en La Jagua, vereda de Segovia a seis horas del casco urbano, dejando un saldo devastador: tres miembros de una familia perdieron la vida.

Según informó el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, la explosión fue provocada por una granada tipo mortero lanzada desde el artefacto aéreo. Las víctimas fueron María Cecilia Silva y sus dos hijos, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva. Un cuarto integrante de la familia, un hombre de 50 años, resultó herido. El ataque se produjo en la madrugada del jueves en medio de intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el clan del Golfo que se extendieron durante toda la noche.

Las autoridades aún investigan los detalles del bombardeo. No está claro si fue un único artefacto explosivo o si se lanzaron dos cargas diferentes, ni tampoco si el ataque contra civiles fue intencional o producto de un fallo técnico. Lo que sí es seguro es que constituye una grave violación a los derechos humanos.

El impacto humanitario fue inmediato y masivo. Aproximadamente 270 personas de las veredas La Jagua, Arenales y El Pescado abandonaron sus hogares en las horas posteriores al ataque. Según censos locales, esto significa que 125 familias se desplazaron buscando seguridad lejos de la zona de conflicto.

Desde la Alcaldía de Segovia reconocen que activaron los protocolos humanitarios para atender a los desplazados, pero advierten que las capacidades del municipio pronto se verán rebasadas. Por eso han pedido con insistencia que el Ejército Nacional retome el control territorial y logre que los grupos armados se retiren de la zona.

En respuesta, el Ministerio de Defensa desplegó 100 soldados en la región con el propósito de reinstaurar el orden y recuperar el territorio. La presencia del Ejército llega a un área que históricamente ha estado bajo control del frente 36 de las disidencias de las Farc, lo que refleja la complejidad de la situación de orden público en este rincón rural de Antioquia.