Las alarmas sonaron desde el sector financiero. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Asobancaria, sacó a la luz lo que denominó un "cartel de la insolvencia": una red organizada de abogados, asesores y centros de conciliación que estaría manipulando la figura legal de la insolvencia para estafarle millones al sistema.

El mecanismo de insolvencia nació con propósito noble: proteger a personas con dificultades reales para pagar sus deudas. Pero según la denuncia, hoy está siendo tergiversado mediante prácticas cada vez más sofisticadas. El modus operandi es casi de película: creación de deudas ficticias, participación de prestamistas fantasma (los llamados "quiroamigos"), créditos diseñados desde el inicio para no ser pagados. Y todo se promueve por redes sociales con promesas tentadoras: adquirir un carro, financiar un viaje, comprar bienes, con la tranquilidad de que después la deuda desaparecerá mediante conciliaciones rápidas.

Lo más preocupante es la velocidad del crecimiento. Hace diez años apenas registraban algunos cientos de casos. En 2025 la cifra alcanzó los 20.000 procesos fraudulentos, y se proyecta que en 2026 supere los 30.000. Esto representa más de un billón de pesos en riesgo, afectando no solo a bancos, sino también a fintech, cooperativas y empresas de telecomunicaciones.

Para quienes caigan en este engaño o lo promuevan, las consecuencias son serias. Asobancaria advierte sobre delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documentos, que pueden llevar a penas de cárcel. Los participantes también quedan marcados en las centrales de riesgo y les cierran las puertas del crédito futuro.

El daño colateral afecta a toda la sociedad. Cuando el sistema detecta este tipo de fraudes, las entidades endurecen las condiciones para prestar dinero y aumentan las tasas de interés. Esto golpea especialmente a personas honestas que realmente necesitan crédito y no pueden acceder en términos razonables.

Por eso Asobancaria hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer la supervisión y a los ciudadanos para no caer en estas trampas. El gremio financiero fue claro: participar en estos esquemas no es solo un riesgo legal personal, es un fraude contra el sistema judicial y financiero del país.