Asmet Salud seguirá bajo tutela estatal al menos uno más año. El Ministerio de Salud acaba de extender la intervención administrativa de la EPS hasta el 12 de junio de 2027, o antes si la Superintendencia de Salud así lo determina. La resolución 239 de 2026 justifica esta prórroga con un hecho central: los compromisos que la aseguradora se había propuesto cumplir en su plan de mejoramiento simplemente no se han materializado.

Las razones son preocupantes. Según el ministerio, persisten dificultades serias en el acceso oportuno a servicios médicos para los usuarios. Hay indicadores de atención deficientes, fallas en la gestión del riesgo en salud y no cumple los requisitos financieros que se le exigen. Por eso el Gobierno considera que levantar la intervención ahora sería riesgoso: podría comprometer la continuidad del aseguramiento de más de 1,8 millones de afiliados, especialmente en regiones donde Asmet tiene fuerte presencia.

Este es un drama con raíces profundas. La intervención comenzó el 11 de mayo de 2023 y ya ha sido prorrogada tres veces. Aunque autoridades reconocen que ha habido "algunos resultados positivos" durante este tiempo, las dificultades originales no han desaparecido completamente. Con esta nueva extensión, la EPS completará cuatro años bajo control gubernamental.

Lo que complica aún más el panorama es que los propios interventores han enfrentado problemas legales. La Procuraduría suspendió provisionalmente en marzo a Lain Eduardo López Martínez, quien era agente especial interventor, por presuntas fallas que deterioraron la atención a los afiliados. También hay investigaciones en curso contra otros exinterventores como Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

En abril del año pasado, trabajadores de Asmet denunciaban que llevaban dos meses sin recibir salarios ni aportes a su seguridad social. En junio, el superintendente Daniel Quintero designó a Mario Fernando Córdoba como nuevo agente interventor, quien fue gerente del Hospital General de Medellín durante la administración de Quintero en la ciudad. Córdoba salió de ese cargo con múltiples denuncias sobre su gestión e incluso procesos disciplinarios abiertos por la Procuraduría.

Por ahora, Jessica Milena Aguirre Santana continúa como interventora temporal designada en abril, con la misión de garantizar que el proceso de recuperación de la EPS no se detenga y que los afiliados sigan recibiendo atención médica durante esta etapa de supervisión intensiva.