Colombia está a punto de implementar un sistema de justicia especializado para resolver uno de los conflictos más complejos del país: las disputas por tierras. En entrevista con La FM, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, explicó cómo funcionará esta nueva jurisdicción agraria y cuáles serán los cambios principales que traerá para campesinos y propietarios.

La ley estatutaria que respalda esta iniciativa responde a un compromiso adquirido en el marco del acuerdo de paz. El cambio más significativo será la creación de tribunales y jueces especiales dedicados exclusivamente a atender casos sobre tierra. Harman subrayó que "la ley crea tribunales y jueces especiales", estableciendo mecanismos para resolver casos que hoy permanecen sin resolución en la justicia ordinaria. El objetivo central es claro: "busca acercar la justicia a los campesinos", dijo el funcionario, reconociendo que estos conflictos han estado ligados a dinámicas de violencia en el territorio.

Uno de los aspectos que genera más dudas es cómo operarán estos jueces en la práctica. Harman aclaró que los jueces agrarios formarán parte de la rama judicial, lo que significa que serán completamente independientes del poder ejecutivo. "Forman parte de la rama judicial", afirmó. Estos jueces ejercerán control sobre las decisiones administrativas de la entidad, supervisando procesos como la clarificación de propiedad, el deslinde de territorios y el manejo de baldíos. Además, revisarán decisiones sobre extinción de dominio cuando incumplan funciones sociales y ecológicas.

Harman también aclaró dudas frecuentes sobre una posible "expropiación exprés". Según él, esta figura no tiene relación con la nueva jurisdicción agraria y está regulada por normas anteriores. "No tiene relación con la nueva jurisdicción", puntualizó, diferenciando claramente ambos procesos.

El siguiente paso es que el Congreso de la República tramite una ley ordinaria para desarrollar en detalle el funcionamiento de la jurisdicción. Harman informó que incluso presentó una demanda ante la Corte Constitucional para acelerar su entrada en vigor. "Buscamos que entre en vigor prontamente", indicó, consciente de la urgencia de habilitar canales de acceso a la justicia en materia agraria. El objetivo final es establecer instituciones sólidas para resolver disputas dentro del marco del Estado Social de Derecho.