Entender cómo se paga a nuestros militares y policías en Colombia requiere asimilar una estructura poco común: un General gana más de 12 millones de pesos mensuales, y prácticamente todos los demás salarios de la Fuerza Pública se derivan de esa cifra como porcentaje. No es una comparación de mercado ni ajustes individuales. Es una pirámide donde un soldado de alto rango cobra el 96% de lo que gana un General, mientras que rangos medios como Capitán o Teniente llegan apenas al 30%, y un Cabo Tercero ronda el 20%.

Con el aumento del 7% que decretó el Gobierno para este año, con retroactividad desde enero, lo que pasó fue mecánico: si el salario del General sube, automáticamente suben todos los demás en la misma proporción. El Decreto 615 de 2025 lo especifica así. Un Cabo Tercero que ganaba alrededor de 2,4 millones de pesos verá aumentado su sueldo básico en esa misma proporción. En términos reales, es como si toda la estructura salarial de la institución estuviera atada a un solo botón de control.

Pero aquí viene la parte que explica por qué los sueldos militares suelen verse más altos de lo que realmente son: el salario básico es solo una parte. Un General, por ejemplo, recibe el 55% de su ingreso como prima de alto mando, que legalmente no cuenta como salario. Los conscriptos reciben bonificaciones equivalentes al 70% del salario mínimo. Hay pagos adicionales por orden público que pueden llegar al 25% del sueldo base, bonificaciones de licenciamiento, pagos por formación y servicios en el exterior. Todo junto arma un ingreso total que supera ampliamente la cifra base.

El problema fiscal es que este sistema de porcentajes genera un efecto dominó automático. Cada vez que el Gobierno ajusta los salarios del sector público en general, la Fuerza Pública sube en la misma escala porque el decreto establece que sus aumentos deben ser equivalentes a los de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva. El aumento del 7% que se aplicó ahora viene de la inflación de 2024, que fue 5,2%, más un adicional del 1,8% acordado con sindicatos. Aplicado de forma retroactiva, esto representa un esfuerzo fiscal considerable para el Estado, especialmente porque el sistema garantiza que el impacto se multiplica en toda la estructura jerárquica.