El 3 de enero, Donald Trump anunció que Estados Unidos tomaría las riendas de la industria petrolera venezolana. "El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso", declaró el presidente estadounidense. Pocas horas antes, Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas militares estadounidenses. Lo que Trump prometía era ambicioso: que compañías petroleras de EE.UU. invirtieran miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera del país caribeño y generar dinero para Venezuela.

La medida generó emociones encontradas entre los venezolanos. Por un lado, reconocían el colapso de su industria petrolera después de décadas de desinversión, corrupción y sanciones internacionales. Por el otro, el petróleo representa para ellos algo más profundo: la riqueza nacional que les pertenece a todos. Esta semana, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, se convirtió en el funcionario de mayor rango de Washington en visitar Venezuela en más de veinte años, reuniéndose con la presidenta temporal Delcy Rodríguez.

Pero ¿qué significa realmente que EE.UU. controle la industria petrolera venezolana? La respuesta fue tomando forma en las semanas posteriores. El 6 de enero, Trump anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU., equivalentes a uno o dos meses de producción actual. El crudo se vendería a precios de mercado y Trump supervisaría los fondos para garantizar su "uso en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.". Tres días después, el Departamento de Energía estadounidense confirmó que había comenzado a comercializar ese petróleo y aplicaría el mecanismo indefinidamente. Para ejecutar estas ventas, contactaron a Vitol y Trafigura, dos de las compañías comercializadoras de materias primas más grandes del mundo.

El dinero de estas ventas no permanece en manos venezolanas. Según explicó el economista Asdrúbal Oliveros a BBC Mundo, los fondos se depositan en una cuenta del Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde se transfieren a una cuenta en Qatar que funciona como un fideicomiso entre EE.UU. y Venezuela. Desde allí se distribuye a bancos venezolanos para vender dólares en el mercado de cambio, pero todo requiere aprobación estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio justificó esta estructura diciendo que el dinero está técnicamente bloqueado por sanciones estadounidenses contra Venezuela, y enviarlo a Qatar evita que acreedores internacionales intenten cobrar deudas venezolanas con esos fondos.

La primera venta generó 500 millones de dólares. Hasta el 30 de enero, el Banco Central de Venezuela había puesto en subasta unos 800 millones de dólares a través de cuatro bancos venezolanos. Las empresas presentan ofertas indicando cuántos dólares necesitan y a qué precio están dispuestas a comprarlos. El BCV decide finalmente quién recibe las divisas. Según el economista Alejandro Grisanti, el 80% se ha asignado a sectores prioritarios como alimentos y medicinas, el 15% a otros sectores productivos y el 5% a personas naturales.

La falta de transparencia es la mayor preocupación. David L. Goldwyn, presidente de Goldwyn Global Strategies, señala que "no sabemos con claridad quién aprueba la distribución de los fondos, qué criterios se utilizan para asegurarse de que el dinero realmente se destine a la compra de alimentos, combustible o al pago de salarios, y cuánta supervisión o rendición de cuentas existe". Asdrúbal Oliveros considera que el sistema de subastas necesita ser más transparente y que el Banco Central debe publicar una tasa de cambio diaria que refleje realmente los resultados de esas subastas.

A pesar de las dudas sobre transparencia, economistas ven avances concretos. El flujo constante de dólares está estabilizando el mercado de cambio y controlando la inflación, que era preocupante. Según Grisanti, si el ritmo de subastas se mantiene, podrían llegar a 1.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, comparables a épocas de mayor demanda. Oliveros reconoce que aunque el proceso tiene deficiencias, representa un avance respecto al panorama anterior: Venezuela tenía dificultades para vender crudo por sanciones, cobraba de forma poco transparente a través de intermediarios y usaba criptomonedas. "La perspectiva ahora es que haya más estabilidad cambiaria, una reducción de la inflación y que el sector privado pueda operar en mejores condiciones", afirma.