El panorama de violencia contra los líderes sociales en Colombia se vuelve cada vez más oscuro. Apenas estamos a mitad de año y ya suman 187 los asesinatos, lo que representa casi 15 muertes al mes. Estos números no son casualidad: en los últimos diez años, 1.935 líderes sociales han sido asesinados en territorio nacional, según reportes que revelan el nivel de vulnerabilidad que enfrentan quienes se atreven a defender causas comunitarias.

Lo más preocupante no es solo el número de homicidios, sino cómo ha escalado el hostigamiento. De acuerdo con un informe de la ONG Forjando Futuros, las amenazas contra estos defensores crecieron de manera alarmante: pasaron de 727 en 2024 a 874 en 2025, un incremento del 120% en apenas un año. El hostigamiento, la intimidación y las violencias digitales se han convertido en las principales formas de ataque contra quienes trabajan por sus comunidades.

Antioquia, Cauca y Norte de Santander son los departamentos donde la situación es más crítica. Estas regiones comparten un común denominador: la presencia de grupos armados ilegales, economías basadas en actividades ilícitas y una ausencia casi total de la institucionalidad estatal que debería proteger a estos líderes. En Medellín, aunque no se han registrado homicidios de líderes en los últimos dos años y medio, las intimidaciones persisten como una forma de control y silenciamiento.

Existe un agravante adicional que refleja la brutalidad de estas violencias: los líderes pertenecientes a la población LGTBIQ+ enfrentan un recrudecimiento aún mayor de la violencia, lo que evidencia cómo se cruzan múltiples formas de discriminación y peligro en contra de estas personas que luchan por sus derechos.