Asesinato en Santa Marta: familia denuncia que negarse a vender tierras costó la vida

Una familia en zona rural de Santa Marta fue presionada durante meses por un grupo armado para vender dos predios por 30 millones de pesos. Tras negarse, Sintana Peláez fue asesinada el 18 de abril por hombres armados que irrumpieron en su vivienda en Masinga. Los familiares denuncian que las intimidaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada escalaron hasta el crimen, y advierten que el peligro sigue latente para todo el núcleo familiar.
En la zona rural de Santa Marta, la negativa a entregar sus tierras le costó la vida a una persona. Una familia denuncia que fue objeto de meses de presión por parte de presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes exigían la venta de dos predios ubicados en los sectores de Masinga y Marquetalia. La familia se resistió, pero la escalada de violencia terminó siendo mortal.
El ataque más brutal ocurrió el 18 de abril en el corregimiento de Bonda. Hombres armados entraron a la vivienda ubicada en Masinga y asesinaron a Sintana Peláez. Su pareja también fue herida por esquirlas de bala durante el enfrentamiento. Lo que la familia describe como un mensaje claro: el precio de la desobediencia.
Las presiones venían de tiempo atrás. Según relatan los familiares, les ofrecieron cerca de 30 millones de pesos por los predios e incluso intentaron obligarlos a firmar documentos. Cuando se negaron, comenzaron las amenazas directas. Zajamaya Peláez, hermana de la víctima, explicó que "estamos en medio de declaraciones y organizando una denuncia pública", al tiempo que advirtió que "el peligro persiste para todos los integrantes del núcleo familiar".
Aunque la familia ya contaba con medidas de seguridad, el asesinato cuestionó su efectividad. Ahora permanecen bajo protección en un sitio reservado, con menores de edad entre los afectados, con el temor de que el ataque sea parte de un plan más amplio.
Las autoridades reaccionaron después del crimen. La Gobernación del Magdalena activó una ruta de atención urgente e involucró a la Alcaldía de Santa Marta, la Policía, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y la Personería. Desde el Distrito indicaron que el caso ya había sido reportado desde marzo con una ruta de protección activa. Tras el asesinato, las medidas se intensificaron: la familia fue reubicada, se aumentó la vigilancia y se pidieron acciones urgentes sin esperar trámites ordinarios. El caso también fue elevado a instancias nacionales e internacionales.
El homicidio ocurre en un momento crítico para la región. Autoridades locales advierten sobre el recrudecimiento del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que eleva el riesgo para las comunidades. Por eso el Ministerio del Interior fue instado a activar mecanismos de respuesta rápida ante alertas tempranas, dadas las advertencias sobre el deterioro de la situación humanitaria en la zona.
Fuente original: Seguimiento
