La muerte violenta de un líder comunal en la zona rural del nordeste antioqueño volvió a golpear a las comunidades campesinas y dejó tras de sí un rastro de miedo y desplazamiento. Teodoro Manuel Gamboa Herrera, un campesino de 66 años que formaba parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas de Chicamoqué, fue sacado de su vivienda por sujetos armados bajo intimidaciones. Después fue hallado sin vida, con impactos de bala, en la misma zona rural donde vivía.

Lo que sucedió después fue predecible en un territorio marcado por la violencia. Al enterarse del crimen, varias familias campesinas decidieron no arriesgar más y abandonaron sus hogares. Según reportes de organizaciones de derechos humanos, al menos 20 núcleos familiares llegaron hasta El Bagre buscando refugio, mientras otros se quedaron alojados con familiares o conocidos en zonas urbanas.

El personero de Segovia, Hambler Patiño, explicó crudo cuál es la realidad de los líderes comunales en esta región. "Sabemos que tenemos tres actores: ELN, Farc y Clan del Golfo, entonces el método de identificación más certero para ellos de saber que esa persona pertenece a una comunidad y no es un foráneo es que estén vinculados a una junta de acción comunal", señaló. En otras palabras, el simple hecho de trabajar por la comunidad los convierte en blancos.

Este sería apenas el décimo líder social asesinado en Antioquia en lo que va del año, según las cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos. Una cifra que refleja cómo la presencia de múltiples grupos armados ilegales en la región ha transformado el liderazgo comunitario en una actividad de alto riesgo.

Las autoridades investigan para establecer cuál grupo armado está detrás del crimen y de las intimidaciones que obligaron a las familias a huir. Mientras avanzan las pesquisas, las comunidades afectadas permanecen en condición de vulnerabilidad, esperando que las instituciones ofrezcan respuestas y protección real a quienes decidieron quedarse y a los que tuvieron que partir.