No ocurrió en una carretera oscura ni en la madrugada. Mileidy Yurany Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando y miembro del Centro Democrático, cayó asesinada en la tarde del jueves 7 de mayo dentro de un restaurante del barrio El Jardín, mientras almorzaba con su hijo, un familiar y el secretario de Gobierno del municipio. Portaba un chaleco antibalas. Llevaba consigo un botón de pánico. Nada de eso la protegió.

Dos hombres en motocicleta Honda NX la interceptaron afuera del establecimiento. De acuerdo con testigos, los sicarios la llamaron hacia la calle y sin advertencia alguna le dispararon repetidas veces. Escaparon hacia La Victoria, el municipio vecino. La Policía activó un operativo de contención en toda la zona norte del Valle, pero al cierre de esta edición no se reportaban capturas.

Lo que convierte este asesinato de tragedia personal en un fracaso del Estado es un dato contundente: Villada llevaba cuatro años denunciando amenazas de bandas criminales que operan en Obando. Entre 2020 y 2023 reportó en múltiples ocasiones las intimidaciones que recibía. La respuesta institucional fue entregar un chaleco y un botón de pánico. Nunca le proporcionaron un escolta. El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, lo admitió sin rodeos: "La concejal tenía la medida de un chaleco y un botón de pánico que fueron ineficientes".

En los últimos meses las amenazas se intensificaron. Panfletos intimidatorios circulaban por WhatsApp con su nombre junto al de otros líderes políticos, exigiendo su salida del municipio o advirtiendo consecuencias fatales. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre "normas y otras formas de gobernanza ilegal" impuestas por grupos armados en Obando. Los reportes de seguimiento concluyeron que la respuesta institucional fue "parcial y desarticulada".

El verdadero escándalo es que Villada no está sola en la mira. El personero de Obando, Herner Carreño, reveló que más del 70% de los integrantes del Concejo, es decir seis de los diez concejales, están actualmente bajo amenaza. "Ninguno cuenta con esquema de seguridad", denunció Carreño, señalando que bandas criminales vinculadas al microtráfico y la disputa por rentas ilícitas son responsables. Cuando la mayoría de representantes electos está amenazada, el mensaje que llega a la comunidad es claro: el Estado no tiene autoridad en ese territorio.

La Gobernación del Valle ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables. Una comisión de la Unidad Nacional de Protección viajaría desde Bogotá el lunes siguiente para evaluar la situación de los concejales sobrevivientes. Pero la pregunta que incomoda a Obando permanece: ¿por qué la comisión no viajó cuando Villada comenzó a denunciar hace cuatro años? ¿Por qué el Estado esperó a que muriera una concejal para tomar en serio las amenazas documentadas?