La violencia contra los líderes políticos colombianos volvió a cobrar una vida. Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático y presidenta del Concejo Municipal de Obando, fue asesinada el jueves 7 de mayo en el barrio El Jardín del municipio vallecaucano. Según lo reportado por autoridades y documentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hombres fuertemente armados que viajaban en motocicleta la interceptaron y dispararon contra ella en repetidas ocasiones, matándola en el lugar.

El crimen de Villada se suma a una cifra que asusta: con su muerte ya son 56 los líderes y lideresas asesinados en Colombia durante 2026. Un número que habla de una crisis de seguridad que no cesa en los territorios donde grupos criminales disputan el poder.

Lo que hace el caso más preocupante es que no fue una sorpresa. La Defensoría del Pueblo había emitido múltiples alertas sobre la situación de Obando. La Alerta Temprana 013/25 incluía al municipio como prioritario, advirtiendo sobre la imposición de "normas y otras formas de gobernanza ilegal" por parte de grupos armados. Documentos anteriores como la AT 009/22 y el informe 026/24 reiteraban que el riesgo seguía siendo "alto" debido a estructuras criminales persistentes. A pesar de estas advertencias, no hubo protección suficiente.

El panorama se agrava cuando se revela que la respuesta del Estado fue desarticulada. Varios organismos no entregaron información completa sobre las acciones que implementaron para enfrentar las alertas y proteger a los líderes de la región. Mientras tanto, diversas bandas criminales de carácter local mantienen control territorial en la zona, buscando preservar sus rentas ilícitas.

Las autoridades investigan para dar con los sicarios. Hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido el homicidio, pero en Obando no hay dudas de quién controla las calles.