La muerte de Heber Asprilla Rivas vuelve a recordar una realidad dura en el suroccidente colombiano: ser firmante de paz no garantiza seguridad. El hombre, de 50 años, fue asesinado el pasado miércoles 18 de febrero en el barrio Las Palmeras del municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana. Con su muerte llega el primer crimen de un excombatiente en lo que va de 2026 en Colombia.

Asprilla Rivas hacía parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Ariel Aldana, ubicado en Tumaco, Nariño. Allá participaba en un proceso de formación en economía social buscando fortalecer su proyecto productivo y consolidar su regreso a la legalidad. Sus circunstancias exactas de muerte aún se investigan, pero las autoridades ya trabajan en recopilar pruebas para identificar a los responsables.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reportó el caso y su coordinador Leonardo González señaló que este asesinato refleja una tendencia preocupante. Según González, "El asesinato de un firmante no solo constituye una vulneración al derecho a la vida, sino que afecta el proceso de reincorporación y envía un mensaje de intimidación a quienes continúan comprometidos con la legalidad".

La zona donde murió Asprilla ya tenía banderas rojas levantadas. La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos en Guapi a través de su Alerta Temprana 013 de 2025, identificando la imposición de normas ilegales por parte de estructuras armadas. Años atrás, en 2020, otra alerta señaló el alto riesgo por la confrontación entre el Eln y disidencias de las antiguas Farc que disputan el control territorial y las economías ilícitas de la región.

En Guapi operan el Frente 30 'Rafael Aguilera' y el Frente 'Carlos Patiño' del Estado Mayor Central, además del Eln y otras estructuras locales. Esta permanente disputa ha convertido a la zona en un escenario de violencia recurrente donde los civiles, incluidos los que buscan reincorporarse a la sociedad, quedan atrapados en el fuego cruzado.

Las autoridades reforzaron seguridad en la región tras el asesinato, pero el daño ya está hecho. Un hombre más que había apostado por la paz quedó en el camino, y la confianza en las garantías estatales se resquebraja un poco más en el Pacífico colombiano.