Un periodista que dedicó su carrera a investigar seguridad, corrupción y criminalidad en Norte de Santander fue ejecutado el sábado en Cúcuta. Cristian Herrera, miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, recibió disparos de hombres armados que lo esperaban cuando llegaba a su vivienda en el barrio Quinta Oriental, cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander. Los atacantes estaban en motocicleta y le dispararon varias veces, según versiones preliminares al menos seis impactos de bala, frente a su familia. A pesar de ser trasladado urgentemente a un centro médico, llegó sin signos vitales.

Lo que hace más grave el crimen es que Herrera contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección. Esas medidas le habían sido otorgadas precisamente por las múltiples amenazas que enfrentó durante años como reportero. De hecho, años atrás la gravedad de las intimidaciones lo obligó a salir temporalmente de Colombia y refugiarse en Chile. Recientemente había hecho denuncias sobre corrupción y problemáticas de seguridad en la ciudad.

La Policía Metropolitana abrió investigación de inmediato. Los primeros trabajos incluyen revisar cámaras de seguridad, recopilar testimonios y analizar los antecedentes de amenazas contra Herrera, que según fuentes cercanas serán clave para identificar quiénes y por qué lo mataron. La Gobernación de Norte de Santander y las autoridades locales ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables.

Herrera era comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con trayectoria consolidada en temas judiciales y orden público. Trabajó como periodista judicial en La Opinión de Cúcuta, dirigió el periódico Quiubo y colaboró en varios medios de la región. Al momento de morir se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta. Sus colegas lo recuerdan como un periodista entregado completamente al oficio, especialmente al seguimiento de asuntos de seguridad y corrupción.

La Defensoría del Pueblo fue categórica al calificar el asesinato como "una de las formas más graves de censura contra la labor periodística". La entidad señaló que "La impunidad, el crimen organizado, la corrupción y la violencia derivada del conflicto armado continúan representando riesgos para quienes ejercen el periodismo". El organismo también expresó preocupación porque el hecho de que Herrera tuviera medidas de protección demuestra que las condiciones de seguridad para comunicadores en regiones violentas son cada vez más precarias.

Este crimen ocurre menos de un mes después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, atribuido a disidencias de las Farc. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió recientemente sobre el deterioro de las condiciones para ejercer periodismo en zonas del conflicto armado, donde las amenazas y ataques generan autocensura cada vez mayor entre reporteros locales. Según cifras de la FLIP, entre enero y mayo de este año se registraron 141 agresiones contra periodistas en Colombia.