El barrio Villa Gladys de Fundación, Magdalena, amaneció el jueves 28 de mayo bajo el peso de una tragedia. Enilda Esther Ruda, una mujer que había dedicado años a trabajar por su comunidad como presidenta de la Junta de Acción Comunal, fue asesinada la noche anterior en lo que las autoridades clasifican como un atentado sicarial. Enilda estaba sentada en la terraza de una vivienda cuando dos hombres en motocicleta se acercaron. El pasajero sacó un arma y le disparó varias veces sin darle oportunidad alguna de escapar.

Vecinos y familiares corrieron para ayudarla y la llevaron de emergencia al centro asistencial Paz del Río. Pero cuando llegó, los médicos confirmaron lo que nadie quería aceptar: Enilda ya no tenía signos vitales. El impacto fue aún más brutal porque esta no era la primera vez que alguien intentaba quitarle la vida. En abril de 2024, hace poco más de un año, sicarios habían entrado a su casa y le dispararon tres veces. Aquella vez sobrevivió. Esta vez no.

Después de ese primer atentado, las instituciones se movieron. La Gobernación del Magdalena, la Secretaría de Educación y la Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Policía del Magdalena, la Alcaldía y la Personería de Fundación que garantizaran la seguridad de Enilda. Fueron peticiones que quedaron en el papel. Pasó más de un año y los disparos volvieron, esta vez fatales.

En el mismo incidente también resultó herido el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alameda, aunque las autoridades aún no han informado sobre su estado de salud ni sobre detalles de los atacantes. La Policía y el Laboratorio Móvil de Criminalística llegaron al sitio para las diligencias de rigor: inspección judicial y traslado del cuerpo a la morgue de Medicina Legal para los exámenes forenses.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por información que lleve a capturar a los responsables. Tanto la Administración Municipal como la Gobernación del Magdalena emitieron comunicados lamentando lo ocurrido y expresando solidaridad con la familia y la comunidad.

Pero en Fundación y en el departamento, la muerte de Enilda ha dejado cicatrices profundas. Los líderes sociales que diariamente trabajan por mejorar sus barrios hoy miran con más preocupación. El mensaje que dejó este crimen es claro y aterrador: no importa cuánta protección se pida, no importa que las instituciones se enteren, la muerte puede llegar de todas formas. Y eso ha puesto a muchos en una posición incómoda: seguir luchando por sus comunidades o simplemente guardar silencio para poder seguir vivos.