El asesinato de Mileydy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando en el Valle del Cauca, el pasado 7 de mayo, abrió nuevas heridas en una región que ya sangra por la violencia de grupos armados. La concejal del Centro Democrático recibió disparos de dos hombres que viajaban en motocicleta en el barrio El Jardín, según informó Indepaz. Su muerte llega en momentos cuando el país está en plena campaña presidencial y enfrentan serias preocupaciones sobre la seguridad política.

Desde Medellín, la candidata presidencial Paloma Valencia rechazó con dureza lo sucedido. "Queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando, Valle, de nuestra concejal Mileydy Villada. Vinieron en una moto y la mataron", expresó. Valencia fue más lejos en sus críticas y arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro: "El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición. El candidato Iván Cepeda sigue silencioso, cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que de la cara", dijo.

Este crimen no es un hecho aislado. Un día antes, el Centro Democrático había denunciado que existen restricciones para hacer campaña en varias zonas rurales del Valle del Cauca. Según la colectividad, grupos armados ilegales han impedido que Valencia y otros candidatos de oposición ingresen a ciertos municipios. El diputado Rafael Rodríguez señaló que situaciones críticas se presentan en Dagua y Jamundí, donde hay casos de constreñimiento electoral que afectan el desarrollo normal de la actividad política de cara a los comicios del 31 de mayo.

Las autoridades electorales del Valle, sin embargo, mantienen un tono conciliador. Rodrigo Molano, delegado de la Registraduría Nacional, afirmó después del quinto Comité de Seguimiento Electoral que existe un despliegue de seguridad suficiente para proteger las más de 11.000 mesas de votación habilitadas. Pero ese optimismo contrasta con la realidad que viven los pobladores.

La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre Obando en 2025, advirtiendo que el municipio requiere actuación prioritaria del Estado. El riesgo es alto debido a la imposición de normas ilegales por grupos armados y la persistencia de estructuras criminales. Los documentos de la Defensoría señalan además que la respuesta institucional en el territorio ha sido parcial y desarticulada, con varias entidades que no han entregado información completa sobre acciones para atender estas alertas y proteger a la población.

El asesinato de Villada pone el dedo en la llaga: mientras se habla de seguridad electoral desde los escritorios, en municipios como Obando la violencia sigue cobrando vidas. Falta ver si esta tragedia genera cambios reales en la protección de quienes se atreven a hacer política en territorios dominados por grupos fuera de la ley.