El nuevo impuesto al patrimonio que el gobierno de Gustavo Petro incluyó en su Decreto de emergencia económica ha encendido las alarmas en el sector educativo. La Asociación Colombiana de Universidades manifestó su preocupación porque las instituciones de educación superior privadas quedaron incluidas en esta gravación, algo que consideran un golpe directo a sus capacidades financieras.

Según los cálculos de Ascun, el impacto económico de este tributo sería de aproximadamente 135.000 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, la asociación señala que "con estos recursos se podrían financiar cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos". La medida afectaría entre 75 y 80 instituciones de educación superior privadas en el país.

El problema, según la asociación, va más allá de los números. Al reducir el patrimonio de las universidades, se compromete su capacidad de mantener subsidios internos y ayudas financieras para estudiantes. Pero hay algo más grave aún: la investigación y la innovación científica también se verían tocadas. El impuesto recaería sobre activos como laboratorios, bibliotecas y hospitales universitarios, infraestructuras clave para proyectos de largo aliento.

Ascun ha planteado varias alternativas. La principal es que se revise la inclusión de las universidades privadas sin ánimo de lucro, recordando que estas instituciones pertenecen al Régimen Tributario Especial y reinvierten todos sus excedentes en funciones académicas e investigativas. La asociación también insiste en que se considere la educación superior como un servicio público con función social, tal como lo establece la Constitución, y que por lo tanto las universidades no deben ser tratadas como empresas comerciales al aplicar gravámenes.

El llamado que hace Ascun es claro: establecer espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para evaluar detalladamente los efectos de esta medida y encontrar salidas que protejan la estabilidad del sistema educativo. Como lo resume la asociación, "Colombia necesita un sistema de educación superior fuerte, mixto, sostenible y con visión de largo plazo, capaz de seguir ampliando oportunidades educativas y aportando a la Nación".