La Asamblea Departamental de Antioquia tomó una decisión contundente esta semana: declarar persona no grata en el departamento al senador Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico. La corporación aprobó la moción argumentando que apartes del programa de gobierno del candidato para el periodo 2026-2030 estigmatizan de manera injusta a la región y a sus habitantes.

El punto de quiebre está en el documento de campaña de Cepeda, que incluye un capítulo dedicado a Medellín y Antioquia en el contexto de la memoria histórica y la violencia política en Colombia. Según la Asamblea, en ese capítulo se usan expresiones que asocian de manera reiterada a Antioquia con fenómenos como la parapolítica, la narcoeconomía y lo que denomina "terrorismo de Estado", presentando al departamento como escenario central de esas problemáticas.

Los diputados reconocen que la construcción de memoria histórica y la discusión sobre responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos son esenciales para la reconciliación nacional. Sin embargo, marcaron una línea: "esto no autoriza el uso de formulaciones generalizantes que terminen por estigmatizar a una colectividad territorial completa y a sus habitantes, afectando su imagen y buen nombre en el escenario nacional e internacional".

Esta posición institucional se suma a voces que ya venían cuestionando el lenguaje de Cepeda. Organizaciones cívicas y empresariales del departamento habían calificado el discurso del candidato como estigmatizante, contrario al reconocimiento de los esfuerzos que la sociedad civil, las instituciones y el tejido empresarial antioqueño han hecho para transformar la región.

En el pronunciamiento formal, la Asamblea rechazó las expresiones que presentan a Antioquia como "cuna" de fenómenos delictivos, y pidió al candidato reorientar la contienda electoral hacia "un debate respetuoso y propositivo sobre las regiones, que reconozca la complejidad de la historia del conflicto armado, así como el pluralismo político, y evitar los reproches y estigmas territoriales desconociendo los avances y esfuerzos de la sociedad civil organizada por superar la violencia".

El comunicado fue remitido a Cepeda, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Presidencia de la República, y a todas las alcaldías del departamento, además de gremios y organizaciones civiles que habían manifestado su preocupación sobre el tema.