Los arquitectos del Magdalena encendieron las alarmas sobre lo que está pasando con el Hospital San Juan de Dios de Santa Marta. A través de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Arquitectos advirtió que esos trabajos de demolición que se han visto en el antejardín no son más que la superficie de un problema mucho más grave adentro de la edificación.

El pronunciamiento llega después de que se denunciara la poda arbitraria de las zonas verdes alrededor de este inmueble histórico. Según los expertos, "sería solo la punta del iceberg". Y la realidad es que después de recorrer internamente el edificio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, el gremio encontró un avanzado deterioro estructural en áreas que no fueron tocadas durante las obras que adelantó la Nación.

"Lo que está sucediendo con este importante inmueble de interés cultural nacional es mucho más grave y complejo", señaló la entidad al referirse a las condiciones de abandono que afectan zonas como la morgue, los corredores y las antiguas dependencias de salud, hoy completamente deterioradas. Para rematar, en la parte posterior del predio funciona un parqueadero público desde donde se ve claramente el mal estado de las estructuras internas.

La situación se complica por un viejo litigio sobre quién es el dueño del inmueble: la Gobernación del Magdalena o particulares vinculados a la Iglesia. Este conflicto legal es justamente lo que ha impedido que se hagan intervenciones completas y coordinadas en el hospital.

Frente a esto, la Sociedad de Arquitectos pidió a las Secretarías de Cultura y Planeación de Santa Marta que gestionen acciones inmediatas con la Diócesis y la Gobernación para que asuman responsabilidades sobre las áreas en disputa y se frene el deterioro. Además, hizo un llamado a que las entidades busquen acuerdos para intervenir urgentemente el hospital mientras avanza el proceso judicial, y advirtió sobre posibles responsabilidades civiles y penales por el daño a este patrimonio histórico.

El gremio también pidió a los medios documentar a fondo la situación y hacer seguimiento al litigio, para que el país vea el riesgo real en el que se encuentra uno de los inmuebles más emblemáticos de Santa Marta.